Ecuador: movimiento indígena mantiene marchas y piquetes contra Lasso

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La poderosa Conaie lidera un paro progresivo contra el gobierno de Ecuador por el alza del precio de los combustibles y contra las políticas económicas del presidente conservador Guillermo Lasso.

Indígenas de Ecuador, que el martes marcharon y bloquearon varias rutas pese a un estado de excepción, anunciaron que continuarán protestando este miércoles, por segundo día consecutivo, contra las políticas económicas del presidente conservador Guillermo Lasso.

"Vamos a continuar al segundo día de la movilización y resistencia a nivel nacional", dijo Leónidas Iza, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), al final de la jornada, que derivó en choques entre manifestantes y policías cerca de la sede del Ejecutivo en Quito.

Atizadas por el alza de hasta 12% de los combustibles, las protestas, en las que también participaron estudiantes y trabajadores, son las mayores en los cinco meses de la gestión de Lasso.

El Gobierno informó de 37 detenidos, cinco policías heridos y dos militares retenidos por manifestantes, quienes se encontraban en buen estado.

En la capital, un manifestante sufrió una lesión al ser golpeado en la frente por una cápsula de bomba lacrimógena, según informó la agencia de noticias AFP, que citó a sus fotógrafos.

Además, un periodista recibió el impacto de una bala de goma disparada por un policía, de acuerdo con Fundamedios, que promueve la libertad de expresión.

"Se logró controlar las manifestaciones", tuiteó Lasso, un exbanquero de 65 años.

"Este gobierno garantiza el derecho a la protesta, cuando esta sea pacífica y se dé dentro del marco de la ley", agregó.

La Conaie bloqueó algunas vías en varias provincias ecuatorianas, mientras en Quito, sindicatos y estudiantes se sumaron a una marcha, todo pese al estado de emergencia que rige desde la semana pasada para combatir al narcotráfico, aunque no se han restringido derechos como los de reunión y protesta.

Unos 1.500 manifestantes, de acuerdo con el coronel de la policía César Zapata -a cargo del operativo de seguridad-, participaron en la marcha en la capital.

La policía empleó gas lacrimógeno para dispersar las protestas cerca del Palacio de Gobierno, que fue atacado a pedradas.

"Este es el inicio de un paro progresivo, todo depende del señor gobierno, debe congelar los precios de los combustibles, reducir el costo de la vida", dijo a AFP William Bastantes, un docente en la Universidad Central de 48 años.

Lasso decretó nuevos precios de combustibles, con lo que el sábado el galón (3,8 litros) de diésel trepó a 1,90 dólares, frente a un dólar que costaba hace más de un año, y el de gasolina corriente a 2,55 dólares.

Aunque a la par anunció un congelamiento indefinido de las tarifas, que se reajustaban mensualmente desde 2020, no logró apaciguar el descontento popular.

La agitación social volvió a un Ecuador sacudido por el repunte de homicidios y masacres carcelarias, que este año ya acumulan más de 2.000 muertos en este país de 17,7 millones de habitantes, lastrado además por la depresión económica que trajo la pandemia.

La Conaie, que en 2019 también encabezó violentas manifestaciones contra la eliminación de subsidios a combustibles que dejaron 11 muertos, rechaza las alzas mensuales aplicadas desde 2020.

Los indígenas, que participaron del derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005, y que representan un 7,4% de la población, exigen al Gobierno que congele los precios en 1,50 dólares para el diésel y dos dólares para la nafta corriente.

Ecuador, que exporta petróleo pero importa combustibles, encara una crisis reflejada en una deuda externa de casi 46.000 millones de dólares (45% del PBI) y un déficit fiscal de 5% del PBI, además del 47% de pobreza y miseria, y 28% de subempleo y desempleo.

El mandatario enfrenta investigaciones en la Fiscalía y el Congreso por su relación con el escándalo de los Pandora Papers, que reveló los paraísos fiscales de los poderosos.

En medio de la agitación, el Gobierno presentará al Congreso, controlado por la oposición, reformas tributarias y laborales con miras a reactivar la economía, pero que los sindicatos temen que precaricen el mercado laboral.

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