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Carlos Toranzo, investigador boliviano miembro de la fundación socialdemócrata alemana Friedrich Ebert, marcó que «muchos de los que votaron a Evo Morales en La Paz y El Alto reclaman la firma del TLC, porque si alguien se ha beneficiado del Tratado de Facilidades Ampliadas (que otorgó EE.UU. a cambio de la erradicación del cultivo de coca) son los pequeños productores textiles, de joyas y maderas que viven allí», un sector tan decisivo como informal de la economía local.
Un capítulo aparte merece el panorama sobre la explotación de hidrocarburos, uno de los aspectos donde se centró la campaña electoral.
Carlos Miranda fue superintendente de Hidrocarburos desde el primer gobierno de Sánchez de Lozada, que se inició en 1993, continuó en el cargo con la dupla Hugo Bánzer-»Tuto» Quiroga y siguió hasta el fin del segundo gobierno de «Goñi», lo que aconteció en 2003 tras la muerte de 60 bolivianos que protestaban en las calles. Es decir, Miranda, hoy consultor, tuvo un rol clave en la firma de los contratos de explotación bajo una normativa jurídica que ninguno de los candidatos de los comicios de ayer propuso volver a instrumentar.
Miranda explicó a este diario que la nueva Ley de Hidrocarburos, que fue sancionada en mayo y elevó la carga tributaria hasta más de 50% de lo obtenido por las empresas privadas, «está en media aplicación, y una parte del mayor impuesto está siendo cumplida con protesto». La «media aplicación» se refiere a que los 71 contratos firmados con anterioridad, cuyos principales beneficiarios son Repsol, Total, Petrobras, British Gas, Pluspetrol y Exxon, no migraron a la nueva norma como dispone la ley.
La renegociación de contratos debió haberse hecho hasta el 18 de noviembre pasado, por lo que al día de hoy la explotación se encuentra en un limbo jurídico. «A lo largo de la campaña, Evo pasó de una posición más rígida, que propugnaba una migración de facto, a una más flexible, con la mención de que habría un período de negociación.»
El año que se cierra marca el primer cambio a la baja en cuanto a reservas de gas (se ubican en 48,7 trillones de pies cúbicos, las mayores extraíbles de Sudamérica) desde que se potenciaron a mediados de los '90. Es por ello que Miranda aún defiende el marco regulatorio que disponía el cobro de 18% sobre la explotación, porcentaje que sacó a las calles a decenas de miles de bolivianos y puso en jaque a los últimos gobiernos.
El experto reconoció que «la tributación de 50% va a quedar en pie, no se va a modificar». «Las compañías han sedimentado la nueva norma y la actividad sigue siendo redituable», admitió Miranda.
El ex funcionario reivindicó que la ley derogada sirvió para «definir su verdadero potencial hidrocarburífero». «Con una inversión de u$s 3.000 millones, lo que no es mucho en hidrocarburos, se decuplicaron las reservas», especificó. Para Miranda, el nuevo marco hizo que «las inversiones se hayan reducido a lo estrictamente indispensable para no poner en riesgo su posición legal.Antes había 25 equipos de perforación funcionando y hoy, sólo tres».
Otro aspecto crucial de la actividad es la puesta en marcha de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que regirá tanto en la fijación de precio, el control de las extracciones, el precio de exportación y la participación directa en la explotación.
Todo indica que este escenario derivaría en el cambio del precio del gas que Bolivia vende a sus vecinos. Miranda consideró que «la Argentina está viviendo en un mundo ideal: la pesificación y la congelación de precios han aumentado el consumo interno de manera extraordinaria hasta convertirlo en el mayor país consumidor de gas de Sudamérica. Ello también ha estimulado la demanda chilena». «Anticipo un movimiento regional hacia la suba», concluyó Miranda. Su pronóstico coincide con el de Morales y el de Quiroga.




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