Washington (AFP, DPA, ANSA) - La novena muerte a manos del asesino en serie que azota a Washington en estos días, en este caso una agente del FBI, llevó al Pentágono a considerar de manera inédita la asistencia militar a las fuerzas de seguridad comprometidas en la búsqueda del francotirador que cree que es Dios. A su vez, se reavivó la polémica para establecer más controles y restricciones al uso y posesión de armas de fuego entre los ciudadanos estadounidenses, que las tienen por cerca de 192 millones de unidades amparándose en un derecho consagrado en la Constitución local.
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El tipo de ayuda evaluada por el Pentágono varía desde búsqueda de información en los archivos militares hasta el uso de la capacidad de vigilancia, dijo un oficial del Departamento del Defensa estadounidense. «Hay una gama de cosas que se están discutiendo», afirmó. Una ley del siglo XIX llamada Posse Comitatus prohíbe a rajatabla a los militares intervenir en actividades de mantenimiento del orden interno, pero les permite realizar tareas de apoyo. «No haremos nada que viole Posse Comitatus», dijo el oficial.
Ayer se confirmó que el asesinato de Linda Franklin, quien trabajaba para el FBI, en un centro comercial de Fall Church, Virginia, el lunes por la noche, fue obra del francotirador que aterroriza a la capital estadounidense y sus inmediaciones, y que tras un asesinato dejó una nota en la cual afirma ser Dios.
La policía está buscando una camioneta van color crema, modelo Chevrolet Astro, con características similares a las reportadas por testigos de otros tiroteos. El jefe de policía de Falls Church, Tom Manger, indicó que el tipo de municiones corresponde a las utilizadas en la serie de asesinatos que comenzó el 2 de octubre. Franklin fue abatida a las 21.20 frente a una ferretería de la cadena Home Depot en un área conocida como Seven Corners, 15 kilómetros al oeste de la capital estadounidense. La policía lanzó una cacería masiva para tratar de localizar el vehículo blanco tipo van, sin resultados concretos, aunque los testigos aportaron «más datos que antes», según los investigadores.
En tanto, ante los reclamos de mayor control de armas entre la población, que considerando la repetición de crímenes colectivos evidentemente algunas de ellas están al alcance de desequilibrados, el presidente de EE.UU., George W. Bush, no apoya la creación de un registro de las marcas que cada arma deja en la munición al ser disparada, porque duda de su efectividad. Su portavoz, Ari Fleischer, razonó: «¿Cuántas leyes podemos realmente poseer para detener el crimen, si hay gente que está determinada a violarlas?».
• Hogares armados
El 39 por ciento de los hogares tiene un rifle, el 24 por ciento tiene un arma corta y cada año unas 130.000 personas son heridas por armas de fuego, de las cuales 30.000 mueren.
Cada año se venden legalmente unos 4,4 millones de armas de fuego, y se calcula que de un millón a tres millones más cambian de mano en el mercado de segunda mano. La administración Bush ya elevó la edad mínima permitida para poseer una pistola de 18 a 21 años.
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