Es fuerte pero impopular la huelga contra Sarkozy

Los gremios franceses lograron paralizar ayer el transporte público en París y otras grandes ciudades.

París (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Con kilométricos atascos en las calles de todo el país y un escaso servicio de trenes y subterráneos en París, Francia se encontraba ayer prácticamente paralizada por una nueva huelga de transportes contra la reforma que elimina las jubilaciones de privilegio, erigida en símbolo de la política de cambio del presidente Nicolas Sarkozy. Aunque anunciaron que hoy continuarán con su protesta, los sindicatos aceptaron negociar con el gobierno, lo que generada a expectativas sobre un fin del conflicto.

En París, sólo uno de cada cinco subtes y 15% de los colectivos estuvo en circulación. El transporte público entre la capital y las comunas de los suburbios también estuvo muy perturbado.

Asimismo, la circulación hacia y desde los dos grandes aeropuertos de la región parisina, Roissy-Charles de Gaulle y Orly, resultó muy difícil debido a los atascos en las rutas de acceso. En cuanto a los servicios internacionales de ferrocarriles, ninguno de los trenes nocturnos entre Francia, Italia y España circuló entre el martes y ayer.

Otros sectores afectados por la reforma de los regímenes jubilatorios especiales, como los de la energía (electricidad y gas) y de la cultura (personal de la Opera de París), también se plegaron al paro.

Propuesta

Sin embargo, el temor a una huelga prolongada como la de 1995, que duró tres semanas, que pesaba desde el anuncio de la movilización hace unas semanas, parecía disiparse por la tarde, poco antes de que comenzara el paro ferroviario, cuando la CGT, una de las grandes centrales sindicales francesas, propuso nuevos términos de negociaciones al gobierno.

El líder de la CGT, Bernard Thibault, propuso al ministro del Trabajo, Xavier Bertrand, organizar conversaciones con las direcciones de las empresas y los representantes del Estado sobre cada uno de los regímenes especiales de jubilación. Hasta ese momento, la CGT exigía una negociación global nacional.

Las otras organizaciones sindicales de ferrocarriles se plegaron rápidamente a la propuesta, dejando la palabra al gobierno para seguir o no el conflicto, como estimó ayer el líder CGT de los ferroviarios, Didier Le Reste.

La CGT, como el resto de los sindicatos, es consciente de que tienen en contra a la opinión pública -69% de los encuestados rechaza la protesta-, y comenzó a buscar una salida aceptando negociar en cada empresa -lo que en la práctica significa aceptar el principio de la reforma-, aunque con la condición de que el gobierno esté presente.

El primer ministro, François Fillon, subrayó que el mecanismo trilateral que se va a poner en marcha es para «acabar con una huelga que no es útil, no dará resultados para nadie y perjudica a millones de franceses».

La medida oficial apunta a prolongar el tiempo de aportes jubilatorios de 37 años y medio que concierne a 500.000 trabajadores (1,1 millón de jubilados) y nivelarlo con el de unos 18 millones de asalariados del sector privado, que deben aportar 40 años. Los privilegios de aquéllos les permiten pasar a retiro con 50 años de edad.

En el caso de los trabajadores ferroviarios, su régimen especial corresponde a conquistas sociales obtenidas en 1850 a manos de las primeras compañías privadas, destinadas a compensar condiciones laborales difíciles, como los horarios nocturnos o el trabajo a la intemperie.

Estos regímenes fueron unificados en 1909, mantenidos en 1937 cuando se creó la empresa estatal de ferrocarriles (SNCF), y tras la liberación de la ocupación nazi, en 1945, cuando se creó el régimen general de jubilaciones.

Los sindicatos advirtieron que la situación seguirá hoy «muy perturbada», aunque con algunas «mejoras», y a modo de ejemplo, están programados 150 de los 700 trenes de alta velocidad habituales, frente a los 90 de ayer.

A los trabajadores se unieron muchos estudiantes que protestaron contra la ley de autonomía administrativa y financiera de las universidades. Los alumnos, que tomaron 15 sedes, rechazan una ley que «instaura la selección, aumenta los gastos de matrícula y crea universidades clase A y B», según su opinión.