7 de junio 2005 - 00:00

Escándalo en Brasil: acusan al PT de pagar coimas a diputados

Coincidiendocon una caídade la popularidadde sugobierno, LuizInácio Lula daSilva debeenfrentar ahorala peor crisisde su gobiernopor unadenuncia decorrupciónpolítica.
Coincidiendo con una caída de la popularidad de su gobierno, Luiz Inácio Lula da Silva debe enfrentar ahora la peor crisis de su gobierno por una denuncia de corrupción política.
Brasilia (Reuters, ANSA, EFE, AFP, diarios locales) - La denuncia de un legislador aliado del gobierno de Brasil, que acusó al partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de pagar coimas todos los meses a diputados a cambio de apoyo, provocó ayer un terremoto político en el país y golpeó los mercados financieros.

El denunciante aclaró que la práctica fue frenada por el mandatario, quien -dijo- lloró al enterarse de la irregularidad. Sin embargo, el hecho de que ni Lula ni los ministros que, según aseguró, supieron del caso -entre ellos el de Hacienda, Antonio Palocci- hayan ordenado en su momento una investigación dejó al gobierno en una situación sumamente incómoda.

La acusación -definida por analistas como una «bomba atómica» para el oficialismo- llegó en un momento difícil para el gobierno de Lula, en el que el ritmo de crecimiento económico se desaceleró y menguó la aún alta popularidad del mandatario, que el año próximo enfrentará elecciones presidenciales.

El diputado Roberto Jefferson, que está en el centro de un escándalo por denuncias de corrupción en la empresa estatal de correos, aseguró que Delubio Soares, tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, entregaba mensualmente 30.000 reales (12.245 dólares) a legisladores de dos partidos aliados del gobierno
.

• Reconocimientos

Jefferson, presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB) y cercano aliado de Lula, dijo en una entrevista con el diario «Folha de Sao Paulo» que al menos tres ministros sabían que esas «remesas» existían y aseguró que sólo terminaron a inicios de 2005, cuando él informó de su existencia al propio Lula.

La oficina de prensa del ministro Palocci, a quien Jefferson dijo que había alertado sobre la existencia de las mensualidades, negó en un comunicado que aquél haya tenido conocimiento de los pagos.

«El ministro Antonio Palocci nunca fue abordado por el diputado Roberto Jefferson sobre procedimientos inadecuados con la base parlamentaria», dijo la nota.

En medio de un escándalo nacional, el ministro de Integración Nacional,
Ciro Gomes, dijo haberse enterado del caso hace un año. Y el de Coordinación Política, Aldo Rebelo, un hombre clave en la articulación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, reconoció que Lula fue alertadopor Jefferson sobre el esquema y que, tras los « comentarios genéricos» del diputado, le pidió que investigara.

«Se descubrió que eso partió de una denuncia del diario 'Jornal do Brasil' el año pasado, que fue investigada por la Cámara de Diputados y archivada por su entonces presidente
Joao Paulo Cunha

También negó que el gobierno esté involucrado en alguna acusación. «Es un partido, el gobierno no está involucrado» en el caso, dijo.

La acusación de Jefferson, rechazada de plano por el PT y diputados oficialistas, golpeó los mercados brasileños, provocando una suba de una caída de 3,07% de la Bolsa de San Pablo, un aumento del dólar de 0,95 y una suba de 3,6% del riesgo-país.

«Se lo expliqué al presidente. El presidente Lula lloró»,
relató el diputado.

«Después de eso tengo la certeza de que paró. El (Lula) puso el pie en el freno. Yo lo vi muy indignado», prosiguió el legislador, quien fuera señalado hace pocos días por la revista «Veja» como responsable de pedidos de dinero para su partido a un alto funcionario de la empresa de correos.

• Evaluación

La acusación se produjo en momentos en que el gobierno batalla por evitar la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), ya aprobada en el Congreso con el apoyo -incluso- de legisladores del PT.

El portavoz presidencial,
André Singer, dijo que Lula convocó a una reunión a su equipo de coordinación política y al ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, para evaluar el nuevo escenario creado tras las declaraciones del diputado y diseñar la reacción del gobierno.

En los últimos meses, el gobierno viene enfrentando problemas para controlar su fragmentada base de apoyo en el Congreso. Jefferson dijo que eso ocurre debido al malestar que causa entre algunos legisladores la suspensión de las «remesas».

Según el analista político
David Fleischer, de la Universidad de Brasilia, la acusación de Jefferson contra el PT «cambia mucho» la situación política en Brasil, debilita la posición del gobierno y hasta podría poner un obstáculo a la reelección de Lula en 2006.

Un cercano asesor de Lula, quien pidió no ser identificado, dijo que el gobierno ya considera imposible evitar que se instale la CPI para investigar los correos.

El gobernador de Goias, rico estado de la región centrooeste de Brasil,
Marconi Perillo, que pertenece al opositor PSDB, afirmó ayer que él también había alertado a Lula sobre el supuesto esquema de remesas ofrecidos a dos diputados de su estado.

Pero el presidente del PT,
José Genoino, negó la veracidad de la denuncia de Jefferson y aseguró que «es una historia que no tiene ni pies ni cabeza».

Jefferson, además del caso en la empresa de correos, también fue acusado de solicitar contribuciones para su partido a funcionarios del Instituto de Reaseguros de Brasil, que habían sido nombrados en sus cargos por su propia influencia.

Uno de los funcionarios promovidos por Jefferson,
Roberto Garcia Salmeron, presidente de la estatal Eletronorte, renunció ayer a su cargo a raíz de la crisis política.

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