España: comenzó primer juicio contra el juez Baltasar Garzón

El juez español Baltazar Garzón sentado en el banquillo de los acusados.

El juez español Baltasar Garzón, conocido mundialmente por haber perseguido a violadores de derechos humanos, se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados para ser juzgado por su manejo de un caso de corrupción vinculado al gobernante y derechista Partido Popular.

El magistrado, que se enfrenta hasta 17 años de inhabilitación si se lo halla culpable de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta, llegó a pie al tribunal, a cuyas puertas recibió una calurosa bienvenida entre aplausos y gritos de "Garzón es inocente, Garzón es un valiente".

Un centenar de personas, que forman parte de la Plataforma Solidarios con Garzón, muchas de ellas víctimas del franquismo, animaron al juez con cánticos de apoyo y críticas al tribunal como "Tenemos memoria, queremos justicia" o "Fuera fascistas del Supremo".

"Esto es un linchamiento, no un juicio", sostuvo el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares, quien se acercó al tribunal para apoyar al magistrado, junto con otras personalidades, como la actriz Pilar Bardem.

Se trata de un "esperpento nacional y un escándalo internacional", y es "un aviso" para otros jueces que quieren juzgar la corrupción política o el franquismo, advirtió Llamazares.

El juicio contra Garzón, que no cuenta con el respaldo de la Fiscalía, durará aproximadamente tres días. En la primera sesión, el magistrado respondió a las preguntas de la acusación, algo que inicialmente no quería hacer.

Garzón se defendió de la acusación de prevaricato y de violar las garantías constitucionales por ordenar intervenir las conversaciones entre los principales imputados en la trama de corrupción y lavado de dinero "Gürtel", ligada al PP de Madrid y Valencia, y sus abogados.

"Los abogados jugaban un papel básico en la mecánica de blanqueo de dinero", argumentó Garzón al declarar ante el tribunal.
El juez dijo que "le importaba poco" la estrategia de la defensa, y que su intención, al ordenar las escuchas de sospechosos detenidos, era "evitar la continuación de la acción delictiva".

Garzón explicó al tribunal que la policía le había informado de la posibilidad que los implicados dieran órdenes desde la cárcel para mover el dinero que la organización tenía en el extranjero, para hacer que "desapareciera".

"Se intervinieron las comunicaciones para evitar las mecánicas de apoderación, evasión y recuperación del dinero por la red, remarcó.

"Aquí estamos hablando de una organización dedicada al tráfico de influencias y la corrupción", insistió. Las escuchas telefónicas, dijo Garzón, "eran la única posibilidad que tenía" como juez para perseguir los delitos y "conciliar este interés con los derechos de la partes del proceso".

Además, el magistrado insistió en que "en ningún momento ordenó que intervinieran a los letrados, sino a los internos en sus comunicaciones con otras personas".

Las escuchas permitieron la posterior imputación de tres abogados. Al iniciar la audiencia, el abogado defensor, Francisco Baena Bocanegra, pidió la suspensión del juicio hasta que su cliente tuviera la garantía de que podría recurrir a una instancia superior ante una eventual sentencia condenatoria, pero el máximo tribunal rechazó la solicitud.

Asimismo, el letrado de Garzón volvió a plantear la recusación -separación del tribunal- de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena, por considerar que su "imparcialidad" está comprometida, otra cuestión desestimada, puesto que ya se había resuelto en la fase previa a la vista oral.

Varela y Marchena son, respectivamente, los jueces instructores de las otras dos causas abiertas contra Garzón en el Supremo: una relacionada con la investigación del juez de los crímenes del franquismo, y la otra por un dinero recibido de patrocinadores para dictar cursos en Nueva York entre 2005 y 2006.

Este es el primero de los tres juicios que deberá afrontar el magistrado, suspendido de sus funciones en mayo 2010, después de haber perseguido al dictador Augusto Pinochet, a ETA y a empresarios y políticos corruptos, así como haber sido el primer juez en investigar los crímenes de la dictadura franquista.

La próxima semana, el 24 de enero, el juez deberá regresar al Supremo para ser juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo.

Garzón recibió el apoyo de numerosas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo.
Las personas que se solidarizan con el magistrado denuncian motivaciones políticas detrás de su juzgamiento, y el propio magistrado dice ver la mano del PP, el partido del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.