España crea fondo de €10.000 millones para rescatar empresas estratégicas

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Incluye a empresas de seguridad, salud, infraestructura, comunicaciones, o por "su contribución al buen funcionamiento de los mercados".

El gobierno de España anunció un fondo público de €10.000 millones (u$s11.230 millones) para rescatar empresas estratégicas en dificultad por la pandemia del coronavirus, lo que podría implicar la entrada del Estado en su capital.

El objetivo del fondo es "aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del covid-19", indicó un comunicado del gobierno de coalición de izquierda.

Las empresas que se podrán beneficiar tendrán que ser consideradas como estratégicas, por ejemplo aquellas en áreas de seguridad, salud, infraestructura, comunicaciones, o por "su contribución al buen funcionamiento de los mercados", precisó el texto.

El gobierno no ha evocado por ahora ningún posible beneficiario.

El dinero se entregará mediante la concesión de préstamos participativos o la adquisición de acciones u obligaciones de la empresa por el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"El importe de los dividendos, intereses y plusvalías que resulten de las inversiones que se realicen se ingresarán en el Tesoro Público", precisó el comunicado.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez anunció por otro lado una nueva línea de créditos garantizados por el Estado, por 40.000 millones de euros (unos 45.000 millones de dólares), para apoyar la inversión de las empresas en sostenibilidad medioambiental y digitalización.

En marzo, el gobierno ya aportó garantías a créditos por unos 100.000 millones de euros (112.320 millones de dólares) para empresas en dificultad.

España, uno de los países más golpeados del mundo por la pandemia con más de 28.300 decesos, es también uno cuya economía debería sufrir particularmente por la crisis, al ser muy dependiente del turismo y la exportación de automóviles, así como por tener un mercado laboral con mucha precariedad.

Desde mediados de marzo, el gobierno ha tomado una serie de medidas para intentar atenuar el impacto económico, facilitando el acceso a planes de desempleo parcial financiados por el Estado, prolongados recientemente hasta fines de septiembre. Las empresas beneficiarias no pueden despedir a nadie hasta seis meses después de finalizar el plan.

Además se retrasaron pagos de impuestos de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, así como se aplazaron cotizaciones a la seguridad social. El gobierno también dispuso ayudas financieras para las personas que perdieron su empleo pero sin acceso a beneficios por desempleo, así como para autónomos.

Para financiar estas medidas, Sánchez reconoció que una reforma fiscal es "inevitable", previendo un alza de impuestos, particularmente para las grandes empresas.

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