Estudia Blair cortes secretas antiterroristas
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Además confirmó que está «considerando activamente» la creación de tribunales sobre terrorismo formados tan sólo por jueces y sin presencia de jurados.
También se prevé extender de 14 días a tres meses el tiempo límite de detención de sospechosos en casos de terrorismo. En diciembre, nueve jueces lores, la máxima instancia judicial de Gran Bretaña, dictaminó que la ley antiterrorista británica de 2001, que permitía la detención por tiempo indeterminado de extranjeros acusados de terrorismo, contravenía la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea.
El primer ministro, Tony Blair, había dicho la semana pasada que su gobierno está examinando un nuevo mecanismo legal para permitir un proceso anterior a los juicios.
Había informado además que buscaría ilegalizar al grupo Hizb ut-Tahrir, que persigue la creación de un califato en Gran Bretaña de manera no violenta, y había anunciado que prevé el cierre de mezquitas extremistas y el rechazo automático de cualquier persona relacionada supuestamente con el terrorismo.
Todas las propuestas de Blair causaron preocupación a los grupos de derechos humanos y civiles, así como también de la oposición, que critican la reducción de libertades de los ciudadanos.
• Acusación
El Partido Conservador acusó al gobierno de « confusión» al anunciar continuamente nuevas medidas antiterroristas, sin antes haberlas analizado o consultado cuidadosamente.
Según informó el diputado laborista John Denham, presidente del comité parlamentario de Asuntos de Interior, se debe controlar la situación rápidamente «en vez de lanzar ideas medio cocinadas sin antes llegar a un consenso entre partidos sobre las medidas serias que hay que tomar».
El portavoz de los conservadores, Edward Garnier, también pidió al gobierno que «se calme y piense con cuidado» las propuestas que va a presentar.
Blair había indicado la semana pasada que «la hospitalidad británica fue abusada», y la gente «debe entender que las reglas ahora están cambiando».
En ese sentido, los grupos de derechos humanos y civiles como Liberty y Amnistía Internacional (AI) se mostraron preocupados por los planes del gobierno para implementar sistemas «inquisitorios» de Justicia en casos de terrorismo y pidieron «más análisis y menos medidas de reacción».




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