La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Los embajadores de la Unión Europea (UE) presionaron ayer para que el gobierno de Bolivia respete la legalidad y los principios democráticos, lo que llevó al presidente Evo Morales a solicitar a la Asamblea Constituyente que «convoque a todos los partidos» para terminar de aprobar la nueva carta magna. Sin embargo, sus declaraciones conciliadoras no fueron acompañadas por sus acciones.
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La petición de Morales se contrapuso a la orden oficial de reunir a la Constituyente fuera de Sucre -epicentro de las protestas opositoras- para finalizar la aprobación en particular del proyecto oficialista.
El sábado, encerrados en un colegio militar de Sucre en medio de disturbios que causaron tres muertos y unos 300 heridos, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus aliados aprobaron en general el proyecto Constitucional, con el que Morales pretende «refundar Bolivia» y que prevé la reelección indefinida. Sólo 136 de los 255 constituyentes elegidos en 2006 avalaron la reforma a mano alzada, sin comprobar el sufragio y sin siquiera leer el texto impulsado por el MAS.
Por esta situación crítica, los representantes de la UE pidieron una reunión de urgencia con Morales para exhortarlo a respetar la legalidad y los principios democráticos y lamentar los «trágicos acontecimientos».
La oposición rechazó la aprobación del proyecto oficial aduciendo que los constituyentes de Morales violaron el reglamento del foro y que aquélla se produjo en un cuartel militar. Ante la imposibilidad de volver a convocar otra sesión en Sucre por la presencia de sus opositores, el oficialismo reformó el miércoles la ley de convocatoria de la Asamblea para que se pueda reunir en cualquier lugar del país. Esa sesión se produjo mientras campesinos afines a Morales impedían que los opositores entraran al Congreso, otra ilegalidad denunciada por los partidos moderados y conservadores.
En ese sentido, a pesar del anuncio de Morales, el asambleísta del MAS Raúl Prada dijo ayer que el oficialismo pretende reanudar las deliberaciones del foro en las ciudades de Oruro o La Paz, ambas andinas, o en la central Cochabamba.
Morales también convocó al diálogo a los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos del país, seis de los cuales protagonizaron el miércoles una fuerte huelga, ya que, según aseguró, su gobierno practica «la cultura del diálogo». Sin embargo, acusó a «algunas autoridades» de tener un «doble discurso» porque, a su juicio, «hablan de unidad y gritan independencia» y «se sienten defensores de la democracia y deciden desobediencia».
Tras un paro total en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando, los líderes de la oposición convocaron a retomar la «resistencia civil» a partir del próximo lunes la que incluirá huelgas de hambre, bloqueos y marchas. El aval a la carta magna, la aprobación de la ley que otorga una renta a la vejez financiada con recortes a las provincias y la expropiación de 180.000 hectáreas en el departamento de Chuquisaca, llevaron a la oposición a insistir con sus medidas de fuerza.
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