Bogotá (AFP, EFE) - Colombia se vio ayer nuevamente sacudida por la violencia de las FARC, al conocerse el asesinato del gobernador del departamento de Antioquia, el distrito más rico del país, Guillermo Gaviria, y el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri, secuestrados por la guerrilla hace más de un año. Ambos fueron asesinados junto a ocho militares prisioneros cuando el gobierno intentaba un operativo de rescate, según reconoció el ejecutivo anoche.
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Si bien el vocero gubernamental, Ricardo Galán, admitió que hubo un operativo de rescate en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia, dijo que «no hubo disparos» por parte de las fuerzas gubernamentales. Según Galán, los sobrevivientes narraron que cuando los guerrilleros escucharon el ruido de los helicópteros, procedieron a la ejecución.
Gaviria, de 40 años, y Echeverri, de 69, secuestrados el 21 de abril de 2002, habían sido incluidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una lista de personalidades que esa organización pretende canjear por rebeldes en prisión.
En total, eran 13 los secuestrados a los que se pretendía rescatar. Además de Echeverri y Gaviria, murieron 8 militares.
• Caminata contra la violencia
En el momento de su secuestro Gaviria era gobernador de Antioquia, el departamento más rico y el más azotado por la violencia en Colombia, mientras que Echeverri era su asesor de paz. El 21 de abril de 2002 Gaviria y Echeverri lideraban una marcha por la no violencia cerca del municipio de Caicedo, en Antioquia, cuando fueron interceptados cerca de la localidad de San Francisco por rebeldes de las FARC, que pidieron que una comisión fuera a hablar con un jefe insurgente para que pudieran continuar la protesta. De la comisión, integrada por otras cinco personas, fueron retenidos por las FARC el gobernador y el ex ministro de Defensa.
Al conocerse la noticia, el presidente Alvaro Uribe canceló su agenda y se desplazó al municipio de Urrao, en Antioquia.
Con gran presencia de ánimo, Yolanda Pinto, esposa del gobernador asesinado, tras expresar el enorme dolor que el hecho le produjo, hizo votos para que «los demás secuestrados vuelvan al seno de sus familias».
Las muertes se producen en un momento en que en el país se debate con intensidad la conveniencia de un intercambio humanitario que el gobierno y las FARC pretenden realizar, aunque están distantes en sus posiciones para concretarlo.
Justamente en la mañana de ayer Uribe había señalado en una entrevista radial las condiciones del gobierno para llevar a cabo un acuerdo humanitario. Las FARC tienen en su poder a 800 personas, pero reconocen como susceptible de entrar en un acuerdo a una veintena de dirigentes políticos -entre ellos la ex candidata presidencial ecologista Ingrid Betancourt-, a una cincuentena de uniformados y a tres norteamericanos, secuestrados en febrero pasado cuando la avioneta en que viajaban cayó en un territorio de amplia presencia rebelde. «Estaba difícil conmover al país sobre un acuerdo humanitario, y ahora salen (las FARC) con esto. Es retroceder años luz, pero necesariamente vamos a tener que hablar de estos temas», dijo el líder de izquierda Luis Eduardo Garzón.
Para el gobierno, las condiciones son: la participación de las Naciones Unidas, la liberación de todos los secuestrados, que los guerrilleros que salgan de prisión no vuelvan a delinquir --perma-neciendo en el extranjero-y la no desmilitarización de ninguna zona del país.
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