<font size=4>Morales acepta revisar la nueva Constitución para frenar el conflicto

El Gobierno boliviano y la oposición se reunieron hoy para dar los primeros pasos hacia un acuerdo que frene la escalada de la crisis en el país, que dejó al menos 16 muertos y obligó a dictar el estado de sitio en el distrito de Pando. El presidente boliviano, Evo Morales, dijo esta mañana que está dispuesto a revisar el proyecto de nueva Constitución que disparó una ola de violencia.

"Estamos autorizados por los movimientos sociales a revisar el proyecto de autonomía que está en la Constitución Política del Estado", afirmó en una conferencia de prensa.

Desde hace más de dos semanas, distritos opositores, que reclaman más autonomía del Gobierno central, han venido resistiendo violentamente al proyecto constitucional.

Tras un maratónico encuentro con funcionarios oficiales que finalizó en la madrugada, el gobernador del sureño distrito de Tarija, que representó a sus pares de los departamentos opositores, afirmó que tenía la esperanza de que los contactos permitan llegar a un acuerdo de reconciliación nacional.

Mientras tanto, efectivos de Ejército custodiaban las calles de Cobija, la capital del opositor distrito de Pando, luego de que el Gobierno declarara el estado de sitio después de denunciar que seguidores del gobernador provincial "masacraron" a tiros y machetazos a campesinos fieles al presidente Evo Morales.

"Después de la carnicería humana que se ha vivido cerca de Cobija, en Porvenir, el Gobierno tiene la obligación de recuperar la autoridad del Estado", afirmó a una radio el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El funcionario agregó que un marino y un civil murieron durante la violenta recuperación del aeropuerto de Cobija, que estaba controlado por seguidores del gobernador local.

La televisión local mostró imágenes de varios cadáveres cargados en un camión, mientras que emisoras de radios dijeron que decenas de campesinos estaban desaparecidos tras los enfrentamientos en Pando, al norte de La Paz.

El prefecto del distrito, Leopoldo Fernández, dijo que el Gobierno distorsionó los hechos y aseguró que, con sus seguidores, va a resistir hasta con su vida.

"El Gobierno tiene una tremenda habilidad para distorsionar las cosas. Están totalmente equivocados si creen que con esto nos van a amedrentar. Ni con los tiros, ni con los muertos que nos han hecho, vamos a huir", amenazó.

La ola de violencia contra las aspiraciones socialistas de Morales comenzó hace más de dos semanas, hundiendo a parte del país en un caos con bloqueos de carreteras que dejaron a varias ciudades cerca de desabastecimiento, saqueos a comercios, quema de oficinas públicas y violentos enfrentamientos entre militantes oficialistas y opositores.

La oposición, mayormente de Santa Cruz, capital económica del país, ha prometido resistir por todos los medios contra el plan del Gobierno de consultar en enero a la población sobre una nueva constitución que legitima su nacionalización de la economía y da más poder a la mayoría indígena.

Analistas han apuntado también que uno de los factores que más irrita a los partidos antigubernamentales, mayormente conservadores, es la reforma agraria lanzada por Morales, que amenaza a los latifundistas del este del país.

La violencia en la nación andina prendió una alarma en la región, con Brasil y Argentina ofreciendo a Morales intermediar en la crisis luego de que una serie de ataques obligara a cortar brevemente el vital flujo de gas natural boliviano a ambos países.

El mandatario, que el miércoles ordenó la expulsión del embajador de Estados Unidos en La Paz acusándolo de apoyar a la oposición, rechazó la intervención diplomática.