Francia aprobó una controvertida ley sobre el control de la inmigración
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Facultativo, el recurso a exámenes genéticos está reservado a los extranjeros provenientes de países donde el registro civil presenta deficiencias o es inexistente.
Los exámenes deben contar previamente con la autorización de un juez y la aceptación expresada en documento escrito por el solicitante. El costo del examen estará a cargo del Estado.
Hoy en la mañana durante el último examen de su proyecto de ley en la Asamblea Nacional, el ministro Brice Hortefeux denunció una vez más lo que llamó las "caricaturas, los excesos, los falsos procesos" de que ha sido objeto la enmienda sobre los exámenes genéticos.
Hortefeux alegó que 12 países europeos, "en su mayoría con gobierno social-demócrata o socialistas" aprueban este recurso y citó una nota del Alto Comisionado para los refugiados que en mayo expresó que "los exámenes genétidos son una evolución lógica e ineluctable".
Por la oposición, el diputado verde Noël Mamère acusó al gobierno de querer "rembolsar la parte de la deuda a la extrema derecha que permitió al presidente de la República de ser elegido".
La versión final adoptada por los diputados, si bien comporta numerosas condiciones para efectuar los exámenes genéticos, además de dejar de lado aspectos como la restricción de alojamiento de urgencia para los indocumentados, no pone fin a la polémica.
Los opositores al proyecto de ley, que incluye la totalidad de la izquierda política y numerosas personalidades de la derecha, siguen estando movilizados, pues consideran que aun en versión "soft", la enmienda sobre los exámenes genéticos contradice los principios de la República y el respeto a los derechos humanos.
El recurso a los exámenes genéticos va a instaurar "prácticas inútiles e hirientes por simples razones de política de inmigración", había estimado este martes el ex presidente del Consejo Constitucional y autor de la ley que abolió la pena de muerte en Francia, el socialista Robert Badinter.
Ultimo recurso en el terreno legislativo después de la aprobación por el Parlamento, un recurso ante el Consejo Constitucional, jurisdicción encargada de garantizar la primacía de la Constitución.




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