Gobierno chileno descarta "ley de punto final" para represores

La abogada Rossy Lama, designada secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos por el gobierno de Sebastián Piñera, afirmó que "no habrá ley de punto final en causas de Derechos Humanos".

"Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos", declaró al diario chileno La Nación.

Preguntada si las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares pueden confiar en que el gobierno de Piñera "continuará la persecución judicial de los delitos de Derechos Humanos", la abogada Lama respondió que "esa es la finalidad del programa y eso se mantiene inalterable".

"Seguiremos buscando la verdad y la justicia. Eso es, por lo demás lo que todo abogado penalista busca siempre", dijo.

Lama anticipó que seguirá las causas de derechos humanos abiertas en un trabajo conjunto "con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, pero también prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación".

La secretaria ejecutiva del programa de derechos humanos gubernamental también dijo que se opondrá a la "media prescripción" a delitos por violación a estos derechos que en algunos casos ha aplicado la Corte Suprema, que rebaja las penas para que los acusados cumplan las condenas en su casa con libertad vigilada.

"También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción", sostuvo. "El secuestro es un delito de carácter permanente y así seguirá siendo para este programa", agregó sobre los casos de detenidos desaparecidos.

Sobre la fijación de plazos para terminar con las causas, Lama afirmó que "no se puede fijar plazo de término a los procesos. Las causas tienen un curso natural. Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido".

"Hay todavía mucha información que no se tiene. Por eso, las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia", sostuvo.

Lama explicó, asimismo, que el gobierno apeló ante la Corte Suprema para reabrir el proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria "porque estaban todos los fundamentos jurídicos para hacerlo". "Hoy existen nuevos antecedentes que se han reunido en otra causa", agregó.

"Además, como programa sostenemos que los crímenes de lesa humanidad, como el del señor Carmelo Soria, no pueden ser objeto de amnistía... las normas establecidas en los diversos tratados internacionales van a seguir siendo el sustento de nuestro trabajo", concluyó.