La inmigración ha sido uno de los caballos de batalla del Nuevo Laborismo. Tony Blair desarrolló en líneas generales una política abierta, pero su reemplazante, Gordon Brown, llegó a Downing Street con un mensaje bien diferente. Su lema « trabajos británicos para trabajadores británicos» fue tachado de xenófobo e ilegal, aunque al principio caló profundamente en un electorado preocupado por los problemas de integración tras los atentados terroristas del 7-J y por los temores a una crisis económica. En lo que generó una fuerte polémica, el año pasado se supo que más de la mitad de los empleos creados en la última década habían sido para inmigrantes.
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Consciente de estos datos, el gobierno británico endureció en los últimos meses su postura sobre la inmigración. Lo hizo, desde luego, en el caso de los trabajadores extracomunitarios, que deberán someterse a un duro proceso para conseguir un permiso de trabajo. Un procedimiento que incluye demostrar conocimientos de inglés y cultura británica. También formación para hacer un trabajo concreto, porque el Reino Unido no aceptará a ningún inmigrante extracomunitario que no la tenga.
En el caso de los inmigrantes europeos, hay escalones distintos.
Los ciudadanos de los países de la ampliación de 2004 (República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y las repúblicas bálticas) necesitan anotarse en un registro para poder ejercer un empleo en el Reino Unido. Más complicado será para los búlgaros y rumanos, que deben pasar un duro proceso para lograr un permiso de trabajo.
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