Imputan ahora al PT de desviar dinero de empresas estatales
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En horas de la noche, Jefferson volvió a declarar, pero esta vez ante la comisión que investiga la red de coimas de la estatal Correos en la que se ve involucrado. «En la raíz del pago de mensualidades a diputados está el cambio de un partido a otro», afirmó
Jefferson al cierre de esta edición.
Por otro lado, Jefferson intentó intimar a los congresistas al comentar que los gastos de campaña no corresponden a la realidad. «No hay elección de diputado general que cueste menos de un millón o un millón y medio de reales, mientras que se declaran 100 mil reales», dijo Jefferson según la edición on line de «Folha de Sao Paulo».
Por su parte, Lula da Silva ordenó separar provisionalmente de sus cargos a tres directores de Furnas, que deberán ser investigados por el supuesto desvío de dinero.
«Durante las investigaciones, los tres directores, Dimas Fabiano Toledo, Rodrigo Botelho Campos y José Roberto Cesaroni Cury, permanecerán apartados de sus funciones y de la empresa», indica una nota del Ministerio de Minas y Energía, que tutela a Furnas.
Sin embargo, la decisión inmediata de Lula no bastó para aplacar a una oposición que confiesa estar decidida a debilitar al jefe de Estado de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
Arthur Virgilio do Carmo, otro senador del Partido de la Social Democracia, afirmó que «la opinión pública está harta de escándalos y el gobierno debe entender que ya no puede tergiversar más».
En ese sentido se pronunció el diputado José Carlos Aleluia, del Partido del Frente Liberal. «Lula no puede perder más tiempo, pues a cada instante surgen más y más denuncias y personajes como Dirceu insisten en negar todo», declaró.
• Paquete anticorrupción
La reacción que la oposición le exige a Lula ante la avalancha de denuncias pareció comenzar a tomar forma ayer, cuando el presidente dio a conocer lo que la prensa ha bautizado como «paquete contra la corrupción».
En ese «paquete» fueron incluidos cuatro decretos que Lula firmó tras poner en funciones al nuevo procurador general de la República, Antonio Fernando Barros.
Tres de esos decretos se refieren a la creación de contralorías en cada ministerio y a mecanismos para agilizar la investigación de casos de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios, un delito para el que también se endurecen las penas. El cuarto ordena a todos los organismos públicos colocar en un portal de Internet cuanta denuncia e investigación se conozca, así como informar sobre el desarrollo de los procesos.
Pero las medidas de Lula no convencieron a la oposición. «Medidas como ésas serían bienvenidas si no fuera porque ahora parece que el presidente cierra el corral una vez que todo el ganado se escapó», dijo el diputado socialdemócrata Bismarck Maia.
El legislador puso en duda las intenciones de Lula, a quien acusó de haber intentado impedir las investigaciones que el Congreso ha iniciado sobre los casos de sobornos y otras irregularidades.
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