Brasil enfrenta días históricos para su democracia: desde este martes a las 9, comenzará la etapa final del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro - y otros siete acusados - en el marco del juicio por conspiración golpista contra Lula da Silva luego de los hechos que ocurrieron durante el 8 de enero de 2023. Esto refleja la primera vez en la historia que un exmandatario brasileño afronta cargos por atentar contra la democracia.
2 de septiembre 2025 - 09:07
Inicia la fase final del juicio a Jair Bolsonaro: de qué se lo acusa y cuántos años de prisión podría enfrentar
El expresidente brasileño puede ser condenado hasta a 43 años de cárcel. Además, también se juzgará a otros cuatro exministros, un excomandante de las Fuerzas Armadas, un exjefe de inteligencia del país y un exayudante de órdenes.
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Ordenaron reforzar la vigilancia de Bolsonaro en su prisión domiciliaria
Se espera que Bolsonaro conozca el veredicto el próximo 12 de septiembre.
En detalle, Bolsonaro, de 70 años, cumple actualmente con arresto domiciliario y podría enfrentar una condena de hasta 43 años de prisión si es hallado culpable de los cinco cargos de los que es acusado. Su abogado, Celso Vilardi, confirmó que el exmandatario no estará en la sala para la deliberación y denunció que "no tiene ninguna responsabilidad penal” y que es víctima de una persecución política.
La etapa final del histórico juicio contra Jair Bolsonaro
El Supremo Tribunal Federal (STF) avanza hacia la etapa más sensible del proceso por la intento golpista de enero de 2023. Tras dictar sentencia contra 1.190 personas —entre ejecutores que participaron en la ocupación de la Plaza de los Tres Poderes e incitadores que colaboraron de distintas maneras—, la Corte enfocará ahora el juicio sobre quienes la Procuraduría General de la República (PGR) considera los verdaderos líderes del movimiento.
La acusación involucra al expresidente Bolsonaro, junto a cuatro exministros (Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto), al excomandante de las Fuerzas Armadas Almir Garnier, al exjefe de inteligencia Alexandre Ramagem y al exayudante Mauro Cid, convertido en delator. Seis de ellos provienen del ámbito militar.
Según la PGR, la investigación contra este “núcleo crucial” reúne mensajes, documentos y videos que prueban una estrategia para desacreditar el sistema electoral desde 2021 y preparar un escenario de ruptura en caso de derrota, lo que finalmente ocurrió. El expediente contiene 1.764 pruebas que suman 80 terabytes, equivalentes a más de 26 millones de fotografías o cerca de 20.000 películas en calidad HD.
Bolsonaro enfrenta cargos por organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños al patrimonio de la Unión con violencia y amenazas graves, además de destrucción de bienes protegidos. Las penas acumuladas podrían alcanzar hasta 43 años de prisión. Durante su declaración, reconoció haber discutido “alternativas” tras perder las elecciones de 2022, aunque negó haber diseñado un plan golpista. “El plan no prosperó y las propuestas fueron descartadas”, sostuvo.
Para los fiscales, el expresidente lideró una “organización criminal” destinada a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, fomentando la desconfianza en las urnas electrónicas y barajando medidas como un estado de emergencia, la convocatoria a nuevos comicios e incluso la eliminación de figuras como Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes.
El proceso comenzará con la presentación de pruebas a cargo de Moraes, seguida de los alegatos finales. La votación de los cinco magistrados está prevista para la próxima semana, y se necesitarán al menos tres votos para alcanzar una condena. Según fuentes políticas y judiciales, el fallo se conocería antes del 12 de septiembre.
El juicio trasciende a Brasil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el proceso judicial como una “caza de brujas”, criticó duramente a la Justicia brasileña y apuntó contra Moraes, quien fue objeto de sanciones del Tesoro estadounidense. Parte del bolsonarismo adoptó esta postura, confiando en que la presión internacional pueda favorecer al exmandatario.
No obstante, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil brasileña respaldan la investigación, al destacar la necesidad de esclarecer hechos que pusieron a prueba la democracia cuatro décadas después del fin de la dictadura.
El desenlace será determinante para el futuro político de Bolsonaro. Una condena podría dejarlo fuera de carrera electoral, además de exponerlo a prisión. Sus aliados, conscientes de ese riesgo, apuestan a que el Congreso impulse una ley de amnistía que le permita esquivar las consecuencias judiciales. En caso de aprobarse, el Supremo debería revisar la sentencia, lo que prolongaría el conflicto en los planos jurídico y político.
Qué pasó el 8 de enero de 2023
El 8 de enero de 2023 quedó marcado como uno de los episodios más graves para la democracia brasileña. Ese día, miles de seguidores radicalizados de Bolsonaro irrumpieron en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia y atacaron de manera simultánea las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La ofensiva dejó más de 370 condenados, más de 60 prófugos con pedidos de extradición y al propio expresidente bajo investigación por incitar la asonada.
La movilización, que buscaba forzar una intervención militar para desconocer el resultado electoral donde Lula se coronó vencedor, derivó en destrozos de gran magnitud en los edificios del Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Durante cerca de cinco horas, la capital brasileña fue escenario de un caos que puso a prueba al flamante gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Testigos recuerdan haber visto, en horas de la tarde, columnas de manifestantes vestidos de verde y amarillo marchando desde el cuartel general del Ejército hacia la Plaza de los Tres Poderes. En un inicio, nada hacía suponer la violencia que se desataría poco después.
El asalto tomó forma a las 14:44, cuando los insurgentes ingresaron al Salón Negro, acceso directo al pleno de la Cámara de Diputados. Desde ese momento, la turba avanzó con mayor organización, ocupando distintas áreas del Congreso y dejando a su paso imágenes de devastación institucional.
Más de dos años después, las heridas siguen abiertas y la Justicia busca determinar las responsabilidades del episodios.
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