Biden intima a los estados a impedir masivos desalojos

Nueva York - Unas 3,8 millones de familias estadounidenses corren peligro de desalojo tras el vencimiento, el sábado, de la moratoria lanzada hace once meses por la pandemia del nuevo coronavirus, mientras arrecia la variante delta y la economía funciona solo para pocos.

Para el presidente, Joe Biden, se trata de una verdadera emergencia ante la que, sin embargo, tiene las manos atadas: de hecho, la Corte Suprema estableció en los últimos meses que cualquier prórroga del cese de los desalojos tendría que pasar por el Congreso.

La Cámara de Representantes, liderada por Nancy Pelosi, intentó, en una carrera contra el tiempo, de sancionar una ley, pero no tuvo éxito ante la dura postura republicana.

En el horizonte se asoma ahora una nueva crisis que afecta incluso al Partido Demócrata, ya que los liberales apuntan a la Casa Blanca por haberlos investido de responsabilidad el jueves, 48 horas antes de que expirara la moratoria y en vísperas de las vacaciones de verano boreal. El Gobierno rechazó las acusaciones y, después del Congreso, exhortó ayer a actuar a los estados.

“Cada Gobierno estadual y local debe usar los fondos recibidos” en el marco de las ayudas por el covid-19 “para prevenir cualquier posible desalojo”, dijo Biden en diálogo con la prensa, consciente de que una pequeñísima parte de los recursos entregados por el Gobierno federal fue a parar a los inquilinos en dificultades. De hecho, de los 47.000 millones de dólares puestos por Washington a disposición a los estados en el marco del programa Asistencia de Emergencia para Alquileres (ERA), solo 3.000 millones fueron desembolsados. Se trata, por tanto, de una cifra insignificante que pone de relieve los problemas de una iniciativa que luchó por despegar desde sus inicios, en medio de parámetros muy estrictos de acceso a las ayudas y falta de claridad.

En diciembre, seis meses después que el plan de ayudas había sido sancionado por el expresidente Donald Trump, solo el 12% de los primeros 25.000 millones dispuestos había llegado a los estadounidenses en dificultades. Ahora, a más de tres meses desde que Biden aprobó otros 21.500 millones de dólares para el programa, se gastó todavía menos.

Según datos del Tesoro, solo 36 de las más de 400 ciudades, condados y estados que recibieron los fondos pudieron gastar la mitad de la cantidad recaudada en junio. En cambio, son 49 los que no gastaron ni un centavo.

Según las estimaciones de la Oficina del Censo, hay 11 millones de estadounidenses adultos que se retrasan en el pago de sus alquileres, pero no es posible cuantificarlos con precisión, por lo que corren el riesgo de ser desalojados a corto plazo. Otros censos estiman que 3,8 millones de familias corren el riesgo de perder sus hogares inmediatamente o en unas semanas.

Para el Gobierno se trata de una crisis inminente que puede dejar en segundo plano la agenda económica del presidente, que ve como uno de los principales elementos el plan de infraestructura de 1.000 millones de dólares que se discute actualmente en el Senado.

El temor de la Casa Blanca es que el vencimiento de la moratoria provoque tensiones

sociales y sanitarias. De hecho, el covid-19 sigue circulando con la muy contagiosa varian-

te delta y el peligro es el hacinamiento de los centros públicos de acogida, donde mantener el distanciamiento social es difícil.