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Fue este diputado «trabalhista» quien llevó a «Lula» al palacio de Planalto a garantizar que se respetarían los acuerdos con el Fondo y es él quien discute hoy con Fernando Henrique sobre la iniciativa que más inquieta al presidente en su retirada: se trata de la aprobación por el Congreso de una ley por la cual los ex mandatarios no puedan ser juzgados por la Justicia de primera instancia en materia penal.
Es decir: Cardoso está detrás de una ley de creación de un fuero de presidentes, por el cual las acciones de gobierno sólo puedan ser juzgadas por el Superior Tribunal Federal (Corte Suprema).
La peripecia de Carlos Menem, que Cardoso siguió alarmado, tuvo mucho que ver en esta inquietud que ya en 1999 el máximo juzgado de Brasil rechazó. Lula está dispuesto a impulsar la ley y este es un dato clave sobre el futuro del país.
Cuando se escribía esta nota, aparecía como más probable la realización de un ballottage de Lula contra el oficialista José Serra, el próximo 27. Esta perspectiva puede modificar la orientación que adoptó el sindicalista durante la campaña. ¿Se alejarán algunos empresarios que se aproximaron cuando se lo veía como el próximo presidente? ¿Deberá radicalizar su discurso para atraer a los votantes de izquierda de Ciro Gomes y Anthony Garotinho? ¿Se enfriarán los contactos con el PSDB de Cardoso?
El volumen de votos alcanzado ayer impide, de cualquier modo, que Lula se aparte de la lógica de una transición medianamente negociada.
Sin embargo en las últimas horas comenzaron a trascender algunos nombres que podrían ocupar las principales posiciones de un gobierno Lula en el área económica. Uno de ellos es Henrique Meirelles, quien fue CEO de American Express y del BankBoston en Brasil. Otro, con posibilidades de ocupar un lugar de relevancia en el Banco Central, es Sergio Werlang, quien proviene del Banco Itaú. El consultor Antonio Trevisan forma parte del mismo staff, igual que el ya mencionado Mantega, aunque exista la opinión muy extendida de que Lula no entregará el área económica a personal clásico del PT. De ser así, recuerda más al Menem de 1989, que convirtió al Ministerio de Economía y al Banco Central en las valencias de alianzas externas, que al Fernando de la Rúa de 2000, obediente a la «nomenklatura» del partido.
¿Cuál es la agenda de estas negociaciones secretas entre gobierno y oposición?
¿Está Brasil ante un escenario inevitable de reestructuración de su deuda? ¿Adoptará Lula esta estrategia o preferirá emitir a costa de una suba en la inflación? ¿Qué vías adoptará para bajar la tasa de interés, objetivo político central de todos los asesores de su partido cuando hablan, casi con acento duhaldista, de «una alianza con la producción»? Son interrogantes de «sintonía fina», que no obtienen respuesta en el discurso modernizado pero comprensiblemente gaseoso del PT durante los últimos meses.
Hasta aquí los cambios que se verificaron en el candidato durante la campaña, destinada sobre todo a vencer las resistencias que ofreció a este sindicalista la clase media y el establishment durante la última década.
Sería un error pensar que Lula producirá un giro hacia el centro inspirado solamente en sus convicciones personales. Si fuera por ellas, habría que seguir imaginando a un hombre todavía anclado en la lógica del Estado de Bienestar de los años '70 y '80, y, sobre todo, anclado principalmente en el PT, que desde hace ya tiempo cambió a los obreros industriales por los empleados públicos como su principal base de sustentación.
Estas propensiones se moderaron por el pasable pragmatismo electoral exhibido por Lula hasta ahora y encontrarán otra razón para atenuarse: la rigidez propia del cuadro político que encontrará el próximo presidente de Brasil.



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