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Un grupo de militantes contra el aborto rompió en llanto el martes al enterarse de que
la legislatura de México DF había despenalizado esa práctica. La lucha seguirá ahora
en los tribunales.
Paralelamente, la ministra federal de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, anunció el fortalecimiento de la educación sexual en el país para «prevenir embarazos no deseados» y dijo que en los libros de texto que el gobierno distribuye gratuitamente en el sistema público de enseñanza «no habrá un capítulo específico sobre el tema del aborto, pero sí se contempla mencionarlo». Se cree que con esta decisión Calderón, que se opone al aborto, intenta anticiparse y evitar que surjan presiones para que la interrupción legal del embarazo sea sancionada también a nivel federal.
La nueva ley capitalina establece la despenalización del aborto ante la sola voluntad de la madre durante las 12 primeras semanas de gestación, y mantiene las causales ya existentes que habilitan interrumpir el embarazo hasta las 20 semanas: peligro para la salud de la madre, violación, malformación del feto o inseminación artificial no consentida.
A partir de ahora el alcalde de la capital, el izquierdista Marcelo Ebrard, tiene un máximo de 30 días para ordenar la publicación de la ley en la Gaceta Oficial del gobierno de la ciudad, lo que determinará su promulgación.
El PAN, opositor en la capital, lanzó un llamado a Ebrard para que vete la legislación, pero el intendente ya ha anticipado que no lo hará.
Por su parte, la organización antiabortista Pro Vida insistió en que llevará adelante acciones de «resistencia civil» contra la reforma, la primera que se aplica en un país latinoamericano después de Cuba y que cobra relevancia por tratarse de la segunda nación con más católicos en el mundo, detrás de Brasil.
Después de la sesión de 10 horas en la que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara el martes la iniciativa promovida por la mayoría del PRD, con el apoyo de otras fuerzas políticas, la secretaría de Salud de la ciudad se declaró preparada para atender la demanda.
Como contrapartida, el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló a través de su director Juan Molinar, que milita en el PAN, que no podrá atender a mujeres que deseen interrumpir su embarazo porque se rige por leyes federales, aunque el ministro de Salud, José Angel Córdova, afirmó que todas las clínicas del sector atenderán los abortos. La organización no gubernamental Grupo de Reproducción Elegida calcula que al menos dos mil mujeres mueren al año en México por abortos mal practicados.




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