Nicaragua: Ortega busca habilitar la reelección indefinida

Ortega quiere reformar la constitución.

La propuesta de reforma a la Constitución de Nicaragua que abriría la vía a una nueva reelección del presidente Daniel Ortega, quien además sumaría más poder junto a los militares, inició su andadura en el Parlamento, donde el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para aprobarla.

El proyecto, que incluye la modificación e incluso eliminación de varios artículos de la Constitución, fue enviada a una comisión especial que la estudiará antes de su discusión en el pleno parlamentario.

La presidenta de la comisión especial, la sandinista Alba Palacios, afirmó que la propuesta de reforma constitucional presentada por la bancada del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se discutirá en primera lectura en el pleno antes del 15 de diciembre.

La opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) advirtió que la reforma incluye la reelección presidencial perpetua, "responsable de guerras, muertes y exilio".

La propuesta de modificación de la Constitución representa un "ataque frontal a la democracia representativa, valores, principios de las instituciones democráticas y estado de derecho", dijo el jefe del BDN, Luis Callejas.

Según datos filtrados a la prensa, la reforma constitucional elimina la prohibición de la reelección presidencial, lo que permitiría a Ortega aspirar a su cuarto mandato en los comicios de 2016.

También establece que el presidente de la República sea electo con la mayoría relativa de votos, es decir con la mitad más uno de los sufragios, a diferencia de ahora, que puede ser elegido con al menos el 40 % de los votos o si obtiene el 35% y supera en al menos cinco puntos porcentuales al candidato en segundo lugar.

La reforma faculta además al presidente del país a dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley, y a nombrar a militares en servicio activo en cargos públicos.

La propuesta sandinista "demuele el Estado de derecho al eliminar la supremacía del poder civil sobre el poder militar", declaró el diputado Callejas a los periodistas.

El BDN consideró que esa reforma compromete la "neutralidad política del Ejército", al proponer que los militares activos puedan optar a cargos en el Estado, e instaura organismos "parapartidarios y represores como órganos rectores de la vida familiar y comunitaria".

Callejas sostuvo que la propuesta sandinista deroga reformas de la Constitución de 1995 que establecían "controles, pesos y contrapesos a excesos del poder presidencialista".

También coarta la libertad de búsqueda de información y comunicación por medio de las redes sociales, internet y telefonía celular, al no permitir utilizar la comunicación vía satélite fuera del control del régimen con el alegato de la defensa y seguridad nacional.

La propuesta adecúa la Carta Magna a los compromisos de la concesión para la construcción de un canal interoceánico, que es "lesiva a nuestra soberanía", agregó el líder de la minoritaria bancada opositora nicaragüense.

Los sandinistas no se han referido a las denuncias opositoras y de momento se han limitado a señalar que las reformas se centran en cuatro temas: geografía nacional, diálogo tripartito del Gobierno con los empresarios y sindicalistas, adopción de la declaración del bien común y porcentaje de mujeres en candidaturas a cargos de elección popular.

El arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, ha advertido que permanecer "mucho tiempo" en el poder, al final siempre resulta en "una cosa negativa" y que, a su juicio, es mejor dejar que los militares activos "se desarrollen a plenitud".

Las reformas parciales constitucionales en Nicaragua requieren ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos el 60% de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, es decir con 56 votos.

La Asamblea Legislativa está controlada por los sandinistas, que tienen 63 diputados que les da la mayoría absoluta, suficiente para reformar la Constitución sin la necesidad de alianzas ni de contar con la oposición.