Nuevos choques en Venezuela

Caracas (ANSA, EFE, AFP) - Opositores al presidente venezolano, Hugo Chávez, marcharon ayer en rechazo a la intervención de la Policía Metropolitana de Caracas, en medio del recrudecimiento de la crisis política, con estallidos de violencia sofocados por una fuerte presencia militar en la capital.

Entretanto, el mandatario defendió ayer la legalidad de la orden gubernamental que intervino a ese cuerpo policial, hasta el sábado en manos del alcalde metropolitano, Alfredo Peña, opositor a su gobierno.

Alarmado por el giro de los acontecimientos, el Departamento de Estado de EE.UU. pidió a Caracas que evite «a toda costa» nuevos desbordes.

Bajo una fuerte custodia militar y policial, miles de opositores marcharon pacíficamente desde la emblemática Plaza Altamira, en el este de Caracas, hasta las cercanías de la céntrica sede del Parlamento. En la zona central de la ciudad, que está militarizada, hubo al momento de finalizar la marcha confusas escaramuzas entre pequeños grupos de manifestantes y militares de la Guardia Nacional, que los repelieron con gases lacrimógenos y balas de goma.

El recrudecimiento de la crisis política dificulta el avance del diálogo político impulsado por la OEA, que la oposición espera derive en la convocatoria a comicios anticipados.

La marcha concluyó con la entrega, por un grupo de alcaldes y gobernadores opositores, de un documento al presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, el oficialista William Lara, en el que cuestionaron el «golpe de Estado» que, según ellos, se concretó con la intervención de la Policía Metropolitana (PM).

«Vamos a exigir a la Asamblea Nacional respeto para el poder municipal», dijo Saad Bajani, presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, quien encabezó la delegación que consignó el documento a Lara.

«No aceptamos la invasión de uno de los poderes (públicos), el Ejecutivo, sobre otro el municipal», agregó el portavoz, quien llegó a la Asamblea -como el resto de sus colegas-bajo una fuerte custodia militar. En contraste con esa opinión, el presidente Chávez aseguró que la intervención de ese cuerpo policial «es una decisión constitucional, legal».