Piden juicio político contra Alejandro Toledo

Alejandro Toledo

Lima (AFP, EFE) - Una comisión del Congreso de Perú recomendó ayer cesar al presidente Alejandro Toledo, como una de las tres alternativas para sancionarlo por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y actos contra la fe pública en un caso de falsificación de firmas.

La comisión investigadora, presidida por el congresista opositor Edgar Villanueva, determinó que el mandatario, junto con su hermana Margarita Toledo, participó en 1998 en una masiva falsificación de firmas destinada a registrar al partido gubernamental País Posible, hoy Perú Posible, para concurrir a las elecciones generales del año 2000.

Margarita Toledo fue acusada de los mismos delitos, ambos tipificados en los artículos 317 y 427 del Código Penal, manifestó el presidente de la comisión.

«Se ha acreditado la existencia de una organización criminal que se habría dedicado al proceso sistemático, ordenado y planificado de falsificación de datos generales contenidos en las listas electorales, en concreto en el caso del Movimiento Independiente País Posible», dijo Villanueva.

• Imputación

Villanueva mencionó particularmente que el presidente Toledo «es coautor de los delitos de asociación ilícita para delinquir y contra la fe pública», al igual que su hermana, esta última en arresto domiciliario desde de enero por esta causa. El presidente de la denominada Comisión Villanueva inició la presentación del informe final con una explicación a la prensa sobre la disputa mantenida entre los cinco miembros del grupo investigador sobre las conclusiones y recomendaciones.

El lunes sólo tres de los cinco legisladores que forman la comisión se presentaron a la votación, por lo que el informe fue rubricado solamente por aquellos que estuvieron presentes.

Con el ánimo de resolver la disputa, el presidente del Congreso, Antero Flores-Aráoz, citó ayer a los cinco integrantes de la comisión para lograr que la votación contara con quórum, y en esta ocasión asistieron cuatro congresistas, uno más que en la víspera, aunque éste no quiso aprobar el informe final. Se trata de Heriberto Benítez, del Frente Independiente Moralizador, aliado del gobierno. Mientras, el diputado que no asistió a ninguna de las votaciones y que ahora reclama la nulidad del informe es el oficialista Marcial Ayaipona, de Perú Posible.

• Recomendaciones

De esta manera, la comisión no ha sido capaz de aprobar sus recomendaciones por consenso, y la solución ha quedado en manos del pleno del Congreso, que deberá ahora determinar si sanciona o no al jefe del Estado.

Se dieron, sin embargo, recomendaciones particulares por parte de Edgar Villanueva, quien pidió que Toledo sea retirado de la Presidencia; del diputado Víctor Velarde, que exigió la suspensión temporal de Toledo, y de Xavier Barron, partidario de la inhabilitación por diez años.

Alejandro Toledo vive su último año en el poder, ya que en 2006 se celebrarán elecciones generales en Perú.

El mandatario fue forzado a declarar ante esta comisión en marzo tras una fuerte disputa entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ya que Toledo se había negado en varias ocasiones a recibir a los miembros de la comisión y había rechazado la posibilidad de grabar las conversaciones.

Finalmente, compareció ante el grupo investigador, pero sus respuestas nunca salieron a la luz y además se negó a firmar el acta que recogía sus propias declaraciones.

• Partícipe

La investigación parlamentaria dada ayer a conocer también acusó de participar en la masiva falsificación de firmas al ministro de Transportes, José Ortiz; al ex titular de Interior Javier Reategui, y al presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, entre otros.

La Comisión Villanueva se cerró ayer tras cinco meses de investigaciones y la comparecencia de decenas de funcionarios públicos, políticos y miembros de la familia del propio Toledo.

Las acusaciones se suman a un fuerte descontento popular, ya que los últimos sondeos indican que sólo 8% de la población se declara conforme con la labor del presidente, cuyo mandato ha estado cruzado por numerosos escándalos. Cuando asumió en julio de 2001, Toledo contaba con 59% de popularidad, pero progresivamente la población percibió que sus promesas estaban lejos de materializarse al tiempo que salieron a la luz denuncias que cayeron sobre su entorno y familiares.