¿Quién respeta la legalidad?
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El 6 de marzo, una mayoría de 52 diputados destituye al presidente del TSE y a los tres vocales que lo secundaron, por haberlos pasado por encima. Varias voces se levantan advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de la medida.
No contentos con lo anterior, al día siguiente, los congresistas anuncian la apertura de un juicio político a los vocales del TSE -de partidos que respaldan a Correa-, convencidos de haber matado dos pájaros de un tiro: acaban con un TSE que ya no pueden manipular e inflingen una derrota al gobierno. En el frente contrario la respuesta es contundente: por la tarde de esa misma jornada, el TSE expulsa a los congresistas aduciendo que intentaron bloquear el proceso electoral de la consulta. Los mismos constitucionalistas que criticaron al Congreso indican que esa otra decisión viola la carta magna. Más tarde, echan a otros cinco diputados por apelar al tribunal constitucional. Son ya 57 los destituidos. El gobierno se frota las manos. Su denostado legislativo, que se opone a sus políticas, queda en una posición de debilidad absoluta.
La oposición ve lo ocurrido como una pulseada con Correa. Son conscientes de que la salida a la crisis sólo puede ser política, puesto que Congreso y TSE violaron las normas constitucionales. El gobierno intenta llevarse a los suplentes a su terreno para que tomen posesión, lo que significa enfrentarlos a sus partidos. Los expulsados reclaman, conforme a la ley, que les devuelvan su escaño. Pero nadie se atreve a darles la razón sabiendo que hay una turba acechando.




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