Ratificaron el estado de emergencia

Roma (EFE, DPA, AFP) - El ministro de Interior de Italia, Roberto Maroni, justificó ayer la declaración del « estado de emergencia» en todo el territorio para detener la llegada de inmigrantes ilegales y aseguró que, si sigue la tendencia actual, a fin de año habrán llegado al país 30.000 irregulares. Asimismo, refutó las críticas de dirigentes y gobiernos europeos a la política antiinmigratoria italiana, al negar que la misma viole los derechos humanos.

Maroni hizo estas manifestaciones en la Cámara de Diputados, adonde acudió para informar de la decisión adoptada el 25 de julio por el Consejo de Ministros de decretar el estado de emergencia en todo el país para hacer frente al flujo de inmigrantes, una medida duramente criticada por la oposición, que la consideró « inhumana» y «abominable».

El titular de Interior, que calificó la medida del gobierno de Silvio Berlusconi de « excepcional» pero no nueva, manifestó que en el primer semestre de este año llegaron a Italia, sobre todo a las costas del sur, 10.611 inmigrantes irregulares, el doble que en el mismo período de 2007, cuando habían sido 5.378.

Al 20 de julio último, el número de inmigrantes clandestinos llegados a Italia era de 13.102.

Tendencia

«Si la tendencia se confirma, se puede prever que a finales de año hayan llegado unas 30.000 personas», subrayó Maroni, quien señaló que el objetivo del «estado de emergencia» es potenciar las medidas para contrarrestar y gestionar la inmigración ilegal.

A este respecto, recordó que el «estado de emergencia» es un procedimiento que se utilizó por primera vez en marzo de 2002 y que fue prorrogándose hasta febrero de 2007, cuando el entonces gobierno de Romano Prodi lo limitó sólo a las regiones de Calabria, Sicilia y Puglia, en el sur del país, a cuyas costas arriban la mayoría de los irregulares.

Al declararlo, añadió Maroni, se pueden adoptar decisiones más rápidas a la hora de alojar en todo el territorio nacional a los llegados, así como mejorar los centros de recepción existentes, que, especialmente los del sur, están al límite o por encima de sus capacidades.

Además de justificar el estado de emergencia, Maroni rechazó en la Cámara de Diputados, con «indignación», las manifestaciones del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, referentes a que la Policía italiana puede haber realizado redadas contra asentamientos de gitanos nómadas en el país y a que los principios humanitarios están «ampliamente ausentes» en las medidas adoptadas para combatir la inmigración clandestina.

El ministro aseguró que se trata de una «falsedad clamorosa», ya que la Policía «no ha tenido nunca comportamientos de ese tipo», y pidió a Hammarberg que diga «cuándo se han producido».

Antes de la comparecencia, su departamento había hecho público un comunicado en que indicó que todas «las preocupaciones expresadas sobre la falta de respeto de los derechos humanos son totalmente infundadas» y mostró su « desconcierto» ante la afirmación de Hammarberg de que las « fuerzas del orden podrían haber dirigido redadas violentas contra los asentamientos nómadas».