Rechaza Evo mediación de la Iglesia y traba el diálogo

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La Paz y Santa Cruz (EFE, AFP, ANSA) - Los líderes autonomistas del departamento (provincia) de Santa Cruz exigieron ayer la participación de la Iglesia Católica en sus negociaciones con el gobierno central de Bolivia, pero el rechazo de Evo Morales a dicha mediación pareció dar por tierra con la posibilidad de un diálogo.

Tras el referendo del domingo en Santa Cruz y la proclamación de un estatuto autonómico que el gobierno central ha declarado ilegal, la atención en Bolivia se centra en saber qué ocurrirá con el nuevo llamado al diálogo de Morales para negociar una salida a la crisis que lo enfrenta con las regiones opositoras de la llamada « media luna».

El gobierno afirma que la Iglesia debe permanecer al margen de la crisis porque su máxima autoridad, el cardenal Julio Terrazas, votó el pasado domingo en Santa Cruz en el referendo sobre el estatuto autonómico de ese departamento.

La Iglesia, «por voluntad propia, ha dado un paso al costado y corresponde al gobierno, a los prefectos (gobernadores) y a la oposición asumir la responsabilidad directa de gestionar el diálogo», según declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Por su parte, la Conferencia Episcopal indicó en un comunicado que Terrazas es «un ciudadano boliviano y cruceño» con «el legítimo derecho de ejercitar su voto», lo que no es incompatible con su responsabilidad al frente de la Iglesia, que «seguirá velando por la unidad y el bien común».

Desde Santa Cruz, los líderes autonomistas entienden que la participación de la Iglesia en la búsqueda de soluciones a la crisis es una «cuestión de Estado» y requisito imprescindible para abrir un escenario de concertación nacional.

«Si la Iglesia no va, nosotros no vamos», dijo ayer en Santa Cruz el secretario de Autonomías de la Prefectura ( gobernación) regional, Carlos Dabdoub. Pero además, Santa Cruz ya no reclama al gobierno diálogo, sino «un acuerdo de reconciliación nacional», en palabras de Dabdoub.

Agregó que esa región no se opone a la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de que su asesor político Dante Caputo hubo reconocido, según Dabdoub, que el movimiento autonomista no es secesionista y no trata de desestabilizar ni a la democracia ni al gobierno.

Sin embargo, otros referentes autonomistas desconfían de la OEA por considerarla cercana a las posturas del gobierno de La Paz. «Estamos de acuerdo con el diálogo, pero no estamos de acuerdo con un diálogo para negociar nuestras autonomías ni para frenar nuestros referendos», dijo el rico empresario y líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic.

Así las cosas, la posibilidad de un diálogo en Bolivia parece aún lejana.

En opinión del gobierno, los prefectos opositores optaron, tras el 4 de mayo, por una línea «más dura», al retrasar la eventual negociación hasta que se celebren el resto de los referendos autonomistas en Beni, Pando y Tarija, el mes próximo.

  • Confrontación

    «Esta decisión es bastante desconsiderada respecto de la sociedad. La ciudadanía está esperando minuto a minuto un desenlace positivo que cancele de una vez el clima de incertidumbre y de aparente confrontación», advirtió el ministro Quintana.

    En caso de abrirse la negociación, Quintana cree que primero hay que intentar compatibilizar el proyecto constitucional del gobierno con el régimen autonómico de los departamentos sin descartar modificaciones que, en última instancia, deberían ser aprobadas por la Asamblea Constituyente. Si no hubiera consenso, el ministro apuntó la vía del referendo dirimitorio sobre la nueva Constitución que propone Morales para «aquellos temas controvertidos en los que gobierno y oposición no se han puesto de acuerdo».

    Sobre la situación que se abre en el país después de la consulta cruceña también se pronunció ayer el defensor del pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, quien cree necesario dar un cauce constitucional a un proceso autonómico que calificó de «legítimo». Para ello, apeló a la voluntad política y se mostró en desacuerdo con postergar el diálogo hasta que concluya el ciclo de consultas autonómicas previstas en otros tres departamentos.

    «Eso es dejar que el tiempo transcurra y abrir espacios para mayor controversia y probablemente para conflictos y hasta violencia», advirtió.

    Santa Cruz ha abierto una nueva etapa en la crisis que vive Bolivia tras el referendo sobre su estatuto, que -según sus autoridades- tuvo un respaldo de 85%, mientras para el gobierno ha sido un fracaso marcado por la alta abstención.

    El gobierno tacha de ilegales y secesionistas el estatuto autonómico de Santa Cruz y los que tienen previsto aprobar Beni, Pando y Tarija.

    Estas regiones se oponen a la nueva carta magna que pretende Morales -pendiente de ratificación en referendo- por las circunstancias en que fue aprobada por la Asamblea Constituyente, entre disturbios que causaron tres muertos y más de 300 heridos en Sucre y en ausencia de la mayor parte de la oposición.
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