Refunda Bolivia petrolera estatal

La Paz (Reuters) - El gobierno de Bolivia inició ayer la «refundación» de la petrolera estatal YPFB y se prepara para una dura renegociación de contratos con una docena de empresas petroleras extranjeras.

El presidente interino del país, Eduardo Rodríguez, ratificó que cumplirá el mandato legal de devolver a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) su plena capacidad operativa, con el objeto principal de aprovechar las enormes reservas de gas natural del país.

YPFB estuvo operando sólo como administradora de contratos desde que en 1996 el gobierno del liberal Gonzalo Sánchez de Lozada privatizó la industria petrolera y puso en vigencia una política para atraer inversiones extranjeras.

«No será nada fácil refundar YPFB», advirtió Rodríguez, quien cumplió justo ayer los dos primeros meses de su gestión interina que debe concluir a fines de enero de 2006 con la entrega del poder a un nuevo mandatario.

Rodríguez heredó una Ley de Hidrocarburos aprobada en mayo que dispone la « refundación» de YPFB y ordena que todas las empresas extranjeras que operan en el país ajusten sus contratos al nuevo marco legal, que incluye un impuesto directo de 32% adicional a una antigua regalía de 18% y a los tributos generales.

• Plazo

El fortalecimiento fue encargado a Ramiro Suárez, un antiguo funcionario que reemplazó a Carlos D'Arlach en la presidencia de la petrolera estatal.

Suárez, tras prestar juramento en un acto en el palacio de gobierno, dijo que pretendía reorganizar la cúpula de YPFB en un plazo de 10 días, antes de definir las necesidades de financiamiento para las futuras actividades de la empresa fundada en 1937.

Sobre la renegociación de los más de 70 nuevos contratos suscritos en la última década con compañías petroleras extranjeras, agregó que le parecía difícil completar la tarea hasta mediados de noviembre, cuando vencerá el plazo de 180 días que señala la Ley de Hidrocarburos.

Cuatro empresas (Repsol YPF, British Gas del Reino Unido, Total de Francia y Vintage de Estados Unidos) comunicaron al gobierno su intención de defender sus actuales contratos, amparándose en tratados de protección de inversiones suscritos entre Bolivia y sus países de origen. Una quinta compañía, la estatal brasileña Petrobras, no está protegida por tales tratados.

Las restantes contratistas no se han pronunciado individualmente sino a través de la Cámara de Hidrocarburos, organización que calificó como «confiscatoria» a la nueva ley petrolera.