El texto definitivo de la norma estará terminado en unos dos meses.
El gobierno de España tiene previsto legalizar a los inmigrantes irregulares que tengan a su cargo hijos menores de edad que hayan nacido en el país, según el borrador de una nueva normativa presentado en Madrid.
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El artículo 122 del reglamento que desarrollará la Ley de Extranjería del año 2009 introduce una nueva figura legal llamada "arraigo familiar", que permitirá al Ejecutivo conceder la residencia a un indocumentado "cuando se trate de padre o madre de un menor de nacionalidad española, siempre que el menor esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización".
El mismo precepto se podrá aplicar "cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles".
La secretaria de Estado de Inmigración, Ana Terrón, explicó que comenzó un periodo de alegaciones y que el texto definitivo estará terminado en unos dos meses, después de que lo examinen los interlocutores sociales y el Consejo de Estado, el máximo órgano asesor del gobierno.
La Ley de Extranjería fue reformada por el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2010, pero con la salvedad de elaborar en un periodo de seis meses un reglamento que la desarrollase.
Finalmente, el borrador de ese reglamento fue presentado hoy, con más de medio año de retraso.
La norma también establece que podrán obtener un permiso de trabajo y de residencia en España por cinco años aquellos inmigrantes sin papeles que hayan sido víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual, siempre y cuando exista una sentencia judicial que así lo avale.
En palabras de Terrón, el reglamento pretende además resolver los problemas burocráticos de los inmigrantes indocumentados que caen en situación de "irregularidad sobrevenida" por dificultades con determinados plazos o tramitaciones pese a haber mantenido "un recorrido de regularidad" durante su estancia en el país.
Según la secretaria de Estado, la nueva normativa consolida un modelo de inmigración "basado en la cultura de la regularidad y vinculado al mercado de trabajo", que favorece "la integración social de los inmigrantes y la convivencia".
