Resolución de ONU no detiene el baño de sangre de Al Asad

El velatorio de un civil sirio asesinado por las tropas de Al Asad.

Al menos 36 personas murieron en distintos actos de violencia y protestas en Siria, entre ellas doce soldados desertores que fueron ejecutados en el sur del país, según informaron los opositores Comités de Coordinación Local. La nueva ola de violencia se produce horas después de que la Asamblea General aprobase una condena contra la represión del régimen sobre la población civil.

Las fuerzas de seguridad abatieron a los desertores en un puesto de control frente a un hospital en la localidad de Jasem, en la provincia meridional de Deraa, donde otras tres personas fallecieron en la zona de Hara. Además de estos muertos, cuatro personas perdieron la vida en la ciudad de Homs, en el centro de Siria, como consecuencia de los intensos bombardeos registrados en varios barrios como Baba Amr o Inshaat.

Desde hace dos semanas, el feudo opositor de Homs está siendo objetivo del Ejército sirio, lo que ha causado cientos de muertos y colocado a la ciudad en una situación de "crisis humanitaria", según los opositores, que alertaron hoy de un aumento significativo de los bombardeos. Además, otras cinco personas perdieron la vida en (Damasco, tres en la provincia de Dir Zur (este), tres en Alepo (norte), tres en Hama (centro) y otras tres en las afueras de la capital, según informaron los Comités de Coordinación Local.

Bajo el lema de la "Resistencia popular", los opositores al régimen sirio volvieron a salir a las calles de distintas ciudades pese a la represión de las fuerzas del orden.

Además de la resolución que condena la represión, la Asamblea General de la ONU exigió al presidente sirio, Bashar al Asad, que cumpla con el plan de transición propuesto por la Liga Árabe para delegar sus poderes, pese a la reiterada oposición de Rusia y China.

Desde que comenzaron las protestas en marzo pasado, más de 5.000 personas han fallecido en Siria, según difundió la ONU en enero pasado, aunque los opositores amplían esa cifra a 7.000 mientras el régimen acusa a supuestos grupos terroristas de estar detrás de la violencia.