Seria prueba para la alianza de Lula

El escándalo por las escuchas ilegales que involucra al senador y caudillo de Bahía, Antonio Carlos Magalhaes, amenazaba ayer con desatar la primera crisis seria en la heterogénea alianza parlamentaria que sostiene al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. En medio de crecientes presiones de legisladores del ala izquierdista del Partido de los Trabajadores, el jefe de la Casa Civil y mano derecha del mandatario, José Dirceu, debió admitir por primera vez la posibilidad de que se conforme una comisión parlamentaria de investigación (CPI) para lidiar con el caso, lo que -de concretarse-podría privar al gobierno de votos legislativos imprescindibles para sacar adelante su ambiciosa y sorprendente agenda de reformas promercado.

El líder de la bancada del Partido de los Trabajadores en Diputados, Nelson Pellegrino, señaló que los legisladores de la agrupación tienen libertad para pedir la instalación de una CPI e incluso comenzó a juntar firmas para efectuar el pedido formal.

La virtual líder de los legisladores «rebeldes» del PT, la senadora Heloísa Helena, salió a recortar el margen de maniobra de los operadores políticos de Lula afirmando que la agrupación «debe tener coherencia y por eso tiene la obligación de firmar cualquier pedido de una CPI». En realidad, esos legisladores apuntan a llevar al extremo un punto de fricción entre el gobierno y sus nuevos aliados de centro.

Una ronda de consultas telefónicas efectuadas con los periodistas que siguen el caso en los principales diarios de Brasil permitió ayer constatar dos hechos: Magalhaes es una figura demasiado emblemática como para que al gobierno le resulte fácil bloquear la conformación de una CPI; pero amparándose en que las escuchas ilegales fueron hechas en momentos en que Magalhaes (del Partido del Frente Liberal) no era miembro del Congreso, la estrategia oficial apuntará a desechar la CPI y a llevar el caso al Consejo de Etica del Parlamento, una instancia de perfil mucho más bajo.

Magalhaes controla aproximadamente la mitad de la segunda bancada más numerosa del Congreso y apoya al Poder Ejecutivo. Sin ese medio centenar de diputados y senadores, iniciativas cruciales que definirán el destino del gobierno de Lula y que requieren de una mayoría calificada de tres quintos en cada cámara para ser aprobadas -como las reformas previsional y tributaria-no tendrían futuro.

La situación de Magalhaes es comprometida. El procurador de la Cámara de Diputados, Luiz Antonio Fleury Filho, señaló ayer que ya hay indicios de su involucramiento en el escándalo de las escuchas. El caso combina intrigas, presiones, espionaje y hasta cuestiones de alcoba, tanto que una supuesta ex amante del poderoso senador -la abogada Adriane Barreto-se ha convertido en testigo clave.

Todo comenzó el 4 de este mes con una denuncia del diputado bahiano Geddel Vieira Lima (PMDB, enemigo político de Magalhaes) ante la Policía Federal. La policía le dio la razón tres días después.

Poco a poco, Magalhaes debió abandonar sus desmentidas iniciales y pasó a admitir haber recibido «en setiembre u octubre de 2002» un «informe condensado» con transcripciones de las escuchas. En realidad, no le quedó otra alternativa después de que la revista «Istoé» publicara la copia de una de las transcripciones de las escuchas con anotaciones de su puño y letra.