Supremo de Brasil enviará al Congreso la denuncia que puede poner fin al mandato de Temer

El mandatario Michel Temer se encuentra acorralado por la denuncia de la fiscalía que ahora pasará al Congreso, donde deberán definir si la causa debe ser tratada por el Supremo Tribunal.

La Corte Suprema de Brasil remitirá a la Cámara de Diputados la denuncia por corrupción formulada contra el presidente Michel Temer, con lo que se pondrá en marcha el proceso que puede llevar a la suspensión del mandatario de su cargo.

La decisión de remitir el asunto a la Cámara baja fue tomada por el magistrado Edson Fachin, instructor del caso en el Tribunal Supremo, quien envió la respectiva solicitud a la presidenta de la corte, Carmen Lucia Antunes, responsable del trámite por cuestiones de protocolo.

En su solicitud, Fachin no analiza las cuestiones que fundamentan la acusación contra Temer y explica que la propia Constitución dice que una denuncia contra un mandatario en pleno ejercicio del poder sólo puede ser aceptada por el Supremo con el aval de la Cámara de Diputados.

El magistrado también aceptó un pedido de la Fiscalía, en el sentido de que una eventual nueva denuncia contra Temer por otros delitos asociados a ese caso, entre ellos el de presunta obstrucción a la justicia, sea tratada en forma separada.

El envío a la Cámara de Diputados de la denuncia por corrupción pasiva que la Fiscalía presentó este lunes contra Temer supone el primer paso de un largo proceso que, en ese órgano legislativo, comenzará en la Comisión de Constitución y Justicia, cuyos 66 miembros analizarán el caso durante un máximo de quince sesiones.

La comisión deberá ser convocada por la presidencia del Congreso y, al cabo de sus debates, votará un informe en el que recomendará que la denuncia sea aceptada o rechazada y que deberá ser luego debatido en el pleno de la Cámara de Diputados.

Si dos tercios de los 513 diputados votan por aceptar la denuncia, el trámite regresará al Supremo, que tras un debate en su propio pleno de once miembros decidirá si finalmente instaura el juicio contra Temer, quien en ese caso sería suspendido del poder durante los 180 días que duraría el proceso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, aún no ha decidido cuándo se convocará la primera sesión de la Comisión de Constitución y Justicia, aunque ha adelantado que intentará que se defina "por consenso" entre sus miembros.

La defensa de Temer ha pedido acelerar el proceso "por el bien del país", lo cual pudiera llevar a la Cámara baja a suspender un receso previsto para las dos últimas semanas de julio.

La comisión está presidida por el diputado Rodrigo Pacheco, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que lidera el propio Temer y tiene las primeras minorías tanto en ese comité como en la propia Cámara de Diputados.

La minoritaria oposición, que votará en pleno por la aceptación de la denuncia y la consecuente suspensión de Temer, ha exigido que se le asigne la instrucción del caso en la comisión a un diputado de ese arco político, para evitar "interferencias" en los trabajos.

Pacheco, quien tendrá la responsabilidad de nombrar al instructor, ha adelantado que, por la "gravedad" del caso, se propone escoger a un parlamentario "con perfil técnico, conocimiento jurídico y relativa independencia", algo que parece imposible en un clima político totalmente polarizado a favor o en contra de Temer.

Las sospechas que fundamentan la denuncia se desprenden de unas confesiones de directivos del grupo JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial, en el que declararon que sobornan a Temer desde 2010 y entregaron unos explosivos audios que le comprometen.

En esas grabaciones, que según Temer fueron "editadas", Batista narra maniobras ilegales que JBS hacía con autoridades del Gobierno para favorecer a ese grupo y el presidente escucha sin hacer mayores comentarios o hasta consintiendo con lo relatado.

Según la Fiscalía, existen "pruebas robustas" contra Temer, quien este martes reaccionó frente la presentación de la denuncia y afirmó que las acusaciones en su contra constituyen una "pieza de ficción" y son "completamente falsas" e "ilegales".