Tensa espera de Puigdemont en Bruselas: "Todos sabemos que podemos terminar en prisión"

El expresidente catalán aún no sabe si la Justicia concederá su extradición.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont afirmó desde Bélgica que "todos sabemos que podemos acabar en prisión" e imploró a sus ex socios de gobierno y aliados independentistas que se unan a su partido para presentar una "lista única de país" en las elecciones del 21 de diciembre en "defensa de Cataluña y sus instituciones".

"Todos sabemos que podemos acabar en prisión si se concede la extradición. Estamos preparados por si nos extraditan", agregó.

"No tenemos otra alternativa que ir todos juntos, hay gente en la cárcel. ¿Qué más tiene que hacer falta para darnos cuenta de que ahora es el momento?", dijo Puigdemont desde Bruselas en entrevista con Catalunya Radio.

Esta medianoche vence el plazo para inscribir coaliciones electorales, y pese a que el presidente depuesto se ofreció a liderar la candidatura unitaria, un acuerdo de último momento parece improbable.

Los independentistas podrían registrar una "marca blanca" para ganar tiempo para negociar, pero el PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán), de Puigdemont, ni siquiera logró convencer a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido del ex vicepresidente Oriol Junqueras, para reeditar la coalición Junts pel Sí, que ganó los últimos comicios de 2015, que fueron el inicio del proceso de secesión.

ERC no quiere ir en coalición sólo con el PDeCAT pero está a favor de un frente amplio "independentista y democrático", del que participen también los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y los izquierdistas de Catalunya en Comú, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Sin embargo, la CUP todavía no decidió si participará de los comicios, por lo que mucho menos podrá acordar si lo hará en solitario o en coalición, mientras Catalunya en Comú descartó presentarse con los independentistas, pese a que defiende la amnistía de los presos encarcelados y rechaza la intervención en Cataluña del gobierno español de Mariano Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución.

"Ante esta emergencia nacional es urgente hacer un núcleo democrático que desenmascare al bloque del 155. Si no, no podemos avanzar", aseguró Puigdemont.

Las bases secesionistas también reclaman la unidad de los partidos que defienden la independencia de Cataluña.

"No podemos hacer otra cosa que exigir a los partidos políticos catalanes que presenten hoy una coalición que sirva para dar apoyo a una candidatura única independentista, candidatura que contenga al 'president' y todos los presos políticos, incluso los 'Jordis', sacrificando su interés inmediato", afirmó la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en un mensaje difundido entre sus militantes.

El ex presidente y otros cuatro ex miembros de su gobierno depuesto se encuentran en Bélgica en libertad provisional a la espera de declarar la próxima semana ante el juez que decidirá sobre su extradición a España por delitos de rebelión, sedición y malversación que le atribuye la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por su intento de llevar a Cataluña a la secesión. 

Mientras Junqueras y otros siete de sus ex consejeros están en prisión en Madrid, Puigdemont reiteró desde el corazón de la Unión Europea (UE) que el reclamo secesionista es una "causa de derechos humanos".

"Por encima de si se cree en la independencia o no, se están violando los derechos humanos con los compañeros que están encarcelados. Es una verdadera anomalía democrática en Europa", sostuvo, para luego subrayar que la disolución del Parlamento catalán y la destitución de su gobierno por parte del Ejecutivo español son ilegales.

Tras la declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlamento catalán, el gobierno español de Mariano Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución con el aval del Senado e intervino Cataluña con dos medidas claves: la destitución del gobierno de Puigdemont y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre.

El siguiente paso lo tomó la justicia, que presentó querellas contra el gobierno independentista destituido y las autoridades del Parlamento regional por delitos de rebelión, sedición y malversación, que conllevan penas graves de prisión de hasta 25 años en el primer caso.

"El Estado español ha enloquecido. Es evidente que todos iremos a la cárcel. Pero esto no solo no acaba nada, sino que complica mucho las cosas y revela que la única manera que los catalanes podemos mantenernos en el estado español es por obligación, no por convencimiento ni simpatía ni respeto", advirtió Puigdemont.