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Una fuente judicial de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, confirmó que se investiga la supuesta comisión de unos delitos de «prevaricato», «tráfico de influencias» y «corrupción» con respecto a «informes (municipales) relacionados con el medio ambiente».
La Justicia sospecha que funcionarios del Ayuntamiento «recibieron dinero para acelerar procesos administrativos», según la Fiscalía.
La investigación, que comenzó este verano boreal tras la denuncia de un particular que había solicitado una licencia, afecta a «unos» 16 funcionarios municipales, «una gran mayoría de los cuales» trabajaban desde hace tiempo en el Ayuntamiento. Entre los investigados no figura ningún concejal ni director de servicio, precisó el teniente de alcalde.
La Audiencia Nacional no facilitó el número exacto de personas implicadas, las cuales comparecerán el sábado ante el juez que instruye el caso y que decretó el secreto de sumario.
La Guardia Civil está estudiando numerosos documentos incautados en unos registros llevados a cabo ayer, en los despachos del Departamento de Urbanismo y de Medio Ambiente de la ciudad.
Esta operación, denominada «Guateque», no tiene a priori ninguna relación con la operación «Malaya», un vasto asunto de corrupción urbanística destapado en marzo de 2006 en Marbella (Andalucía) y que llevó a la detención de un centenar de personas.


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