La senadora y primera dama uruguaya Lucía Topolansky se refirió en declaraciones radiales a la iniciativa del gobierno de su país para legalizar la venta de marihuana.
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Topolansky aseguró: "Nosotros blanqueamos una situación porque no podemos ser tan cínicos. En Uruguay, al igual que en otros países, se consume droga". Al mismo tiempo, justificó la decisión al sostener: "Miramos el drama mexicano, el drama centroamericano, percibimos ese horror y no queremos ese escenario en los países del sur".
"Tomamos un poco la visión de la historia, lo que pasó en los Estados Unidos con la Ley Seca, con todas esas consecuencias nefastas que tuvo y partimos de la base que una sustancia de ese tipo puede tener una legalidad controlada por el Estado, ya que le estamos sacando de la mano a mucha gente mafiosa un negocio muy bueno", agregó. Además, la esposa del presidente Mujica destacó que la marihuana en cuestión es "un producto de calidad, sin ningún adictivo malo para la salud".
"Las otras drogas estarán prohibidas, y se endurecerá el castigo con respecto a la pasta base. Pero la gente que consume un porro o cinco por semana, tiene que cometer un acto ilegal para conseguir eso, porque su venta no está autorizada, y van a la misma boca de venta que vende otras drogas, lo que inicia una cadena difícil de romper", finalizó.
El Estado uruguayo producirá marihuana en una primera etapa una vez aprobado el proyecto de eey para la legalizar la venta de la droga, que será enviado próximamente al Parlamento como parte de un paquete de medidas para combatir la violencia, que se anunció el miércoles.
La iniciativa, de la que aún faltan conocer detalles, apunta a que el Estado produzca y comercialice la marihuana y lleve un registro de los consumidores, los que no podrán ser menores de 18 años y a quienes se les venderá un máximo determinado de cigarrillos por mes. En un principio, el Estado no tendrá a su cargo los plantíos de cannabis.
El proyecto apunta a combatir el consumo de pasta base de cocaína y forma parte de un paquete de medidas para mejorar la seguridad pública que incluye aumento de penas para delitos graves cometidos por menores de 18 años, indemnizaciones para víctimas de delitos y un nuevo sistema de patrullajes, entre otros.
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