Montevideo (AFP, EFE) - El Partido Comunista del Uruguay (PCU) informó de 35 tumbas clandestinas en el norte del país, que se suman a los recientes hallazgos de restos de desaparecidos. Mientras, el gobierno resiste presiones para anular la Ley de Caducidad, que impidió juzgar a militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
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El PCU, que integra la coalición oficialista de izquierda Frente Amplio, informó ayer de la existencia de 35 tumbas NN en el pequeño cementerio de la localidad de Vichadero, en el departamento -provincia- de Rivera (Norte).
El senador comunista Eduardo Lorier había informado que esas «tumbas datan de la época de la dictadura» y los cuerpos allí inhumados fueron trasladados desde Montevideo por camionetas del ejército.Lorier consideró que «hay elementos» que indican que esas tumbas podrían estar relacionados «con los vuelos de la muerte».
En este marco, el gobierno uruguayo «no está considerando anular la Ley de Caducidad», informaron ayer fuentes oficiales. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa dijo a la prensa que el Poder Ejecutivo no formalizó una opinión sobre la anulación que habían solicitado organizaciones sociales ligadas a su partido.
Asimismo recordó el compromiso de respetar la legislación vigente, asumido durante la campaña electoral por la coalición de izquierda Frente Amplio. A su vez, la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, afirmó que una anulación de la ley de perdón «está lejos de concretarse».
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