Violencia latente en Bolivia: ahora por reforma agraria

El presidente de Bolivia parece seguir el ritmo de las exigencias de los movimientos sociales combativos que lo encumbraron y -aún más grave- adoptar sus métodos coercitivos. Poco después de asegurar que dejaría para más adelante su promesa electoral de reforma agraria -que toca poderosos intereses en el Oriente agrícola rico-, Evo Morales sorprendió ayer haciendo aprobar en tiempo récord un polémico proyecto en la Cámara baja. Como el Senado está controlado por la oposición, amenazó con imponer el proyecto «a la fuerza» desde las calles y, por si el mensaje no era lo suficientemente claro, evocó la trágica pueblada que dejó un centenar de muertos en el epílogo del gobierno de Sánchez de Lozada. Actuó, evidentemente, impulsado por una larga marcha indígena que podría convertirse en un nuevo foco de conflicto dentro de su heterogénea alianza social. Pero la vulneración de las reglas institucionales va más allá: la Asamblea Constituyente está al borde de la ruptura por la insistencia oficial en aprobar la futura Constitución sólo con la mitad más uno de los votos, cuando lo legal son dos tercios. La Constituyente se instaló el 6 de agosto y, desde entonces, increíblemente, ni siquiera logró aprobar su reglamento. Bolivia parece a la deriva, tironeada entre su atraso de siempre, un gobierno que vulnera cada vez más límites y la influencia permanente de Hugo Chávez.

JUNTO A CHAVEZ. Evo Morales mostró ayer a la prensa la carta que le dirigió el embajador de EE.UU., Philip Goldberg, impulsándoloa distanciarse de la influencia de Hugo Chávez. El presidente boliviano calificó la nota de «intromisión política». «Acá hemos comenzado a dignificarnos y nadie puede decidir sobre nosotros», añadió.

La Paz (Reuters, AFP, EFE) -El presidente boliviano, Evo Morales, amenazó ayer con usar la fuerza contra la oposición si ésta, respaldada por el empresariado, bloquea su plan de reforma agraria.

Con un discurso cada vez más radicalizado, Morales conminó al partido Podemos, principal formación de oposición liderada por el ex presidente conservador Jorge Quiroga, a aprobar una nueva ley de tierras en el Senado, donde la oposición tiene el control.

La polémica ley de tierras -que modifica otra de 1996- fue aprobada el miércoles en la Cámara de Diputados por la mayoría oficialista, aunque los miembros de la oposición se retiraron de la sesión en señal de protesta.

«Si algunos parlamentarios no querían modificar la ley INRA (de tierras), el pueblo se va a levantar para hacer modificar a la fuerza» la norma, enfatizó el gobernante.

El mandatario izquierdista recordó en ese sentido que las caídas de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y Carlos Mesa en 2005, así como una reforma de la ley petrolera completada en 2005 y que posibilitó la nacionalización decretada este año, fueron impuestas por protestas sociales que dejaron casi un centenar de muertos. El jefe de Estado llamó a recuperar tierras ociosas en manos de latifundistas para « redistribuirlas» entre pobres y porque «tener tierras es tener fuentes de trabajo».

Ruptura

Durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el gobernante rompió relaciones con organizaciones vinculadas a productores agropecuarios de la rica provincia de Santa Cruz (este), epicentro de su política agraria.

«No habrá consensos con terratenientes, latifundistas», sentenció luego de denunciar que «algunas familias» de Santa Cruz y los distritos amazónicos de Pando y Beni -también focos de sus reformas- «no quieren entender» su política agraria, que busca repartir entre indígenas y campesinos unos 20 millones de hectáreas. En esos departamentos ( provincias) prevalecen fuertes reclamos autonomistas contra el poder centralista de La Paz.

«El pueblo ha votado para el cambio y el cambio es acabar con el latifundio», insistió Morales.

Tres grupos de indígenas del país marchan hace varios días hacia La Paz, desde distintas regiones, para presionar a los legisladores en la aprobación de la norma. En una de las marchas, la que se inició hace más dos semanas en el Oriente, murieron el martes dos indígenas atropellados por un vehículoen una carretera del centro del país.

En uno de sus puntos polémicos, la norma aprobada por la Cámara baja establece que la reversión de tierras al Estado se ejecutará si se comprueba, en evaluaciones que se realizarán cada dos años, que éstas no cumplen con una función económica, productiva o social. La propuesta de los pueblos indígenas y sindicatos campesinos consistía en que esos exámenesse hagan cada seis meses, mientras que el sector empresarial planteaba un período de cinco años.

Distribución

Otro aspecto polémico es que establece que el gobierno evaluará el valor de las tierras que serán expropiadas para entregárselas a los grupos indígenas sin discriminarlos, frente a la propuesta de los empresarios de Santa Cruz de que sean elegidos sólo cuatro pueblos indios de esa región oriental como potenciales beneficiarios.

Además, el gobierno ratificó la centralización de competencias para repartir tierras, en contra de la intención de los gobiernos departamentales de asumir esas funciones en sus regiones.

Un senador de Podemos, Walter Guiteras, rechazó las «amenazas» del mandatario izquierdista. «Que el presidente no nos amenace con los movimientos sociales. A mí me importa un comino lo que pueda hacer con el Poder Legislativo. Si quiere, que lo cierre. No vamos a sesionar con la espada de Damocles ante la amenaza de que nos van a intervenir», protestó.

En tanto, Fernando Messmer, jefe de la bancada de diputados de esa agrupación, señaló que la media sanción de la norma sin concertación refleja la «política de este gobierno populista, con visiones trasnochadas».

En un intento más conciliador, la Confederación de Empresarios demandó esfuerzos en procura de consensos.

Morales, que viene de nacionalizar los hidrocarburos, también se batía en la candente arena de la Constituyente, paralizada por una densa polémica sobre la fórmula de votación de la nueva Carta Magna.