Ya rige en Bolivia la ley que encarece energía en la región

Eduardo Rodríguez

La Paz (AFP, ANSA, EFE) - El gobierno boliviano reglamentó la Ley de Hidrocarburos sancionada en mayo y ordenó el inmediato cobro de impuestos según esa norma y con carga retroactiva al momento de la aprobación. Además, el presidente Eduardo Rodríguez ordenó a las Fuerzas Armadas asegurar el dominio del Estado sobre los campos que explotan las empresas petroleras.

En tanto, el Congreso comenzóayer un período extraordinario de sesiones para acordar un recorte del mandato de los legisladores y viabilizar la convocatoria a elecciones generales. Al cierre de esta edición continuaban los debates que, aunque quede resuelta esta cuestión, girarán en torno a los referendos autonómicos y una Asamblea Constituyente.

El mandatario, Eduardo Rodríguez, que sucedió en su calidad de titular de la Suprema Corte al renunciante Carlos Mesa hace casi tres semanas, está facultado para convocar a elecciones anticipadas para presidente y vicepresidente, pero requiere el acuerdo de los parlamentarios para llamar a legislativas.

«Siento que hay una voluntad muy grande, más que los dos tercios para viabilizar elecciones generales por un nuevo período constitucional», dijo el titular del Congreso, Hormando Vaca Díez.

Rodríguez instruyó, por la vía de decretos reglamentarios conocidos el lunes por la noche, a los ministerios de Hidrocarburos, Gobierno (Interior) y Defensa «coordinar tareas y acciones con la finalidad de garantizar el dominio del Estado en los yacimientos de hidrocarburos». Esta medida busca asegurar la auditoría del precio y las cantidades comercializadas que, según estipula la nueva ley, corresponde a la empresa estatalYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

• Rechazos

Casi tres semanas después de asumir, y luego de un mes y medio de promulgada la legislación de hidrocarburos, Rodríguez echó a andar la ley que la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) -que agrupa a veinte consorcios extranjeros, entre ellos Repsol YPF de España, British Petroleum, Total de Francia y Petrobras de Brasil- rechazó por considerarla «confiscatoria».

Sin embargo, el embajador de Brasil en La Paz, Antonio Mena Gonçalves, expresó ayer que la empresa estatal de su país y principal inversor en Bolivia, Petrobras, va a respetar la nueva reglamentación para el contrato que tiene firmado hasta 2019.

«Hay una cosa que hay que poner de manera muy clara: cuando un país aprueba esa ley, esa ley se cumple», remarcó Mena Gonçalves.

«Nosotros tenemos un contrato con Bolivia que va hasta 2019 y de parte nuestra se cumplirá al pie de la letra», dijo al salir de Palacio de Gobierno en un encuentro protocolar con el presidente Rodríguez.

En cambio, el embajador de España, Francisco Montalbán, advirtió que si bien «no se ha hecho pública todavía la decisión final de Repsol, existe un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con una serie de cláusulas que están a disposición de Repsol por si en algún momento decidiera activarlas».

Para el embajador de Estados Unidos, David Greenlee, es momento de esperar para saber « cuáles serían las reacciones de las empresas» extranjeras. De esto depende que se mantenga la extracción de gas y que no sufran apremios los países que lo importan de Bolivia, como Brasil y la Argentina (y, a través de ésta, Chile).

Los reglamentos fueron promulgados cuando la cotización internacional del crudo se aproxima, por primera vez en la historia, a 61 dólares el barril.

La disposición de Rodríguez, que el 9 de junio último sucedió al renunciante Carlos Mesa tras una profunda crisis política y social, parecía buscar apaciguar al líder cocalero Evo Morales, que demandó recurrentemente al Ejecutivo «la posesión física de los campos» petroleros.

Sin embargo, mientras un diputado socialdemócrata, Rodrigo Paz Zamora, elogiaba al mandatario por «ejecutivo», el opositor Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, criticó a Rodríguez porque «no tiene el más mínimo deseo de recuperar la propiedad estatal» sobre los hidrocarburos.