Ya son 51 los líderes sociales ejecutados en Colombia en 2020

Desde la firma del acuerdo de paz a fines de 2016, 303 activistas fueron ultimados. La mayoría de los casos nunca se esclarece.

OFENSIVA. El Gobierno de Iván Duque se lanzó a la caza de las narco-guerrillas en las reservas naturales, donde han logrado instalarse. Las autoridades denuncian la quema de zonas verdes protegidas, como sucedió recientemente en La Macarena, para el cultivo de plantas de coca.

Bogotá - Al menos 51 líderes sociales y diez exguerrilleros de las FARC han sido asesinados en Colombia en lo que va de año, de acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En paralelo, el Gobierno de Iván Duque anunció una ofensiva contra la expansión de las guerrillas en parques naturales.

Las últimas víctimas de la nueva ola de violencia que sufre Colombia es Jorge Humberto Alpala, líder indígena de Cumbal, en Nariño, que murió el pasado 18 de febrero, y el exguerrillero de las FARC Pedro Manchola Pastrana, asesinado el 15 de febrero en Palermo, Huila.

Indepaz explicó que este registro de víctimas se elabora “con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos”.

Paradójicamente, la firma del acuerdo de paz en 2016 entre el Gobierno y las FARC ha provocado una ola de violencia debido, sobre todo, a la pugna entre grupos rivales para el control del territorio.

De acuerdo con las Naciones Unidas, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, 86 de ellos solo en 2019, y 173 ex guerrilleros de las FARC, de los cuales 77 murieron el año pasado.

En ese marco, varios centenares de personas tuvieron que abandonar sus hogares en el noroeste de Colombia tras recibir amenazas de grupos armados que se disputan el control de narcocultivos, informó una fuente oficial.

Unos 820 hombres, mujeres y niños de 309 familias llegaron el domingo a la zona urbana de Ituango, departamento de Antioquia, provenientes del área rural de ese municipio, dijo a la AFP el alcalde Mauricio Mira. “El desplazamiento fue por una alerta que dieron algunos grupos armados y la comunidad se replegó hacia el municipio”, indicó.

Este es el undécimo desplazamiento forzado en Ituango en lo que va del año, aunque es el primero de esta magnitud, que desbordó la capacidad de recepción de la alcaldía, según el mandatario.

Según el funcionario, en la zona hacen presencia la banda narcotraficante de origen paramilitar conocida como el Clan del Golfo y disidentes de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) que no se acogieron al pacto de paz firmado en 2016.

Tras cuatro décadas de lucha contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos el mayor consumidor de esa droga.

Aunque la disolución de las FARC, convertidas hoy en partido político, alivió la violencia política, aún persisten grupos armados que desafían al Estado en alejados puntos del país.

Esas organizaciones se financian principalmente del narcotráfico y la minería ilegal.

“La fuerza pública no se va a retirar de las zonas de los parques nacionales naturales donde los criminales pretenden asentarse, vamos a endurecer la ofensiva militar para sacarlos de sus madrigueras”, dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

El funcionario vinculó a rebeldes que se marginaron del proceso de paz de 2016 con el incendio que afectó el fin de semana el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena (sur), fortín por décadas de la guerrilla FARC, convertida hoy en partido político. La quema, que destruyó unas 700 hectáreas, ya fue controlada. Según autoridades, los guerrilleros están “utilizando a los campesinos para cometer esta masacre contra la naturaleza”.