“Esta estrategia judicial no favorece la resolución del problema, no nos vamos a dejar presionar y seguimos abiertos al diálogo, pero sin poner en riesgo la frágil situación de la Provincia”. Las definiciones pertenecen al ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, pocas horas después de la presentación este martes por parte de una treintena de fondos de dos demandas en Nueva York por unos u$s 300 millones por el incumplimiento de pagos en el marco de la reestructuración de deuda bajo legislación extranjera por u$s 7.148 millones que encara el Gobierno de Axel Kicillof.
Pablo López: "Es insostenible que nos exijan u$s2.000 millones en 4 años, la obra pública de dos años"
El ministro de Hacienda y Finanzas de Axel Kicillof, Pablo López, pone la lupa sobre la estrategia judicial activada por un sector de los bonistas, reafirma las premisas de sostenibilidad de la Provincia y no oculta suspicacias ante la coincidencia con el desembarco de Guzmán ante el FMI.
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En diálogo con Ámbito, López no ocultó su suspicacia frente al hecho de que la embestida judicial se produjo precisamente el día de la reunión de su par nacional, Martín Guzmán, en Washington con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para avanzar en la renegociación de la deuda de casi u$s 45 mil millones del país con ese organismo internacional.
“Veníamos en un camino de diálogo, pero creo que tenían la estrategia de judicializar esta semana, que no es una semana cualquiera”, especuló, frente al giro hacia los tribunales de este martes por parte de una tajada de tenedores.
Periodista: Miembros del Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires demandaron a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el incumplimiento en los pagos de deuda desde abril. ¿Qué lectura hace de esa estrategia de los acreedores? ¿Buscará la Provincia retomar las conversaciones -de hecho la última prórroga del canje vence el próximo viernes- o se llegó a un punto muerto?
Pablo López: En primer lugar hay que decir que este tipo de acciones son las mismas que ya vimos en otras provincias, con lo cual en sí como acción no nos sorprende, es un mecanismo de presión que se suele utilizar. Quizás sí nos sorprende el momento, porque veníamos en un camino de diálogo e incluso de negociaciones que habíamos tenido en los últimos días. Tuvimos un proceso de negociaciones restringidas y confidenciales, y de hecho estábamos interesados en que fuera más largo y que durara algunos días más, y ellos no quisieron. Creo que en definitiva tenía que ver con una estrategia de salir justamente esta semana, que no es una semana cualquiera, con esta estrategia judicial.
P.: ¿Se refiere al desembarco de Martín Guzmán en Washington para avanzar en la negociación con el FMI y a la reunión precisamente este martes del ministro de Economía nacional con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva?
P.L.: Habría que preguntárselo a ellos, pero a mí me llama la atención el momento, parece demasiada casualidad. Esta estrategia judicial no favorece la resolución del problema. Nosotros igualmente seguimos abiertos al diálogo, seguimos abiertos a intentar encontrar una solución en la misma línea que veníamos antes. No nos vamos a dejar en ese sentido presionar. Sí estamos muy interesados en buscar una solución, pero no puede ser una solución que ponga en riesgo la frágil situación de la Provincia.
P.: ¿La Provincia podría entonces mejorar los términos de su propuesta inicial?
P.L.: Estamos evaluando las alternativas. Ya planteamos los términos indicativos de una posible mejora, que ellos rechazaron, con lo cual nosotros venimos trabajando para mejorar los términos en relación a la propuesta de abril. Es un gran esfuerzo para la Provincia, tiene términos que son considerablemente mejores a los de abril. Sin embargo ellos siguen en una posición que nosotros consideramos de bastante intransigencia, donde nos exigen por ejemplo que nos comprometamos a pagar en los próximos cuatro años 2 mil millones de dólares, que es el equivalente a toda la obra pública de dos años de la Provincia. Para poder cumplir con eso tendríamos que dejar de hacer obras por dos años, y con hacer obras me refiero a reparar escuelas y hospitales, reforzar el sistema sanitario, dejar de hacer rutas y viviendas, con la situación en la que está la Provincia. Con lo cual no es sostenible en términos de la posibilidad de pago de la Provincia ni en términos sociales ni en la necesidad que tiene la Provincia.
P.: Habiendo expirado el período de confidencialidad en las negociaciones, ¿qué mejora ofertó la Provincia al grupo acreedor hacia una potencial enmienda respecto de la oferta inicial, y qué exigencia de los tenedores puntualmente impidió llegar a un acuerdo?
P.L.: Nosotros hicimos una mejora por ejemplo, y creo que ahí es muy claro, en los cupones respecto de lo que habíamos planteado en abril. Proponíamos unos cupones que nos permitían llegar a un cupón promedio de aproximadamente el 4%, y sin embargo ellos tienen una exigencia de cupones promedio del 7,5%, que claramente son muy similares a los niveles actuales, con lo cual eso no genera el alivio que la Provincia necesita. En ese sentido es que nosotros planteamos que ellos se mantienen en una posición de mucha intransigencia que hace que sea complejo, y aun así nosotros nos planteamos abiertos a seguir dialogando y a poder buscar un acercamiento. Pero la vía judicial por la que ellos están avanzando no es el camino que puede conducir a esa solución.
P.: ¿Qué porcentaje de la deuda total en reestructuración tienen los bonistas que fueron a la Justicia? ¿Fueron finalmente una o dos demandas las que presentaron, y por qué monto de reclamo? ¿Y cuál es la actitud del resto de los tenedores hasta el momento?
P.L.: Es algo que obviamente estamos analizando. Hasta donde tenemos noticias fueron dos demandas por aproximadamente 300 millones de dólares. Hay una treintena de fondos involucrados, cuyas tenencias -como esto es un proceso en el que se sabe que los bonistas no develan sus tenencias- es difícil ponerle un número. Sí sabemos que tienen una participación significativa en la deuda de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros ya sabemos que hay un grupo incluso de tenedores de bonos que han aceptado la propuesta original de la Provincia, con lo cual claramente no es que involucra al 100% de los acreedores.
P.: Desde el Gobierno bonaerense remarcan que en la renegociación de la deuda trabajan en sintonía con Guzmán. ¿Cuál es la mirada del ministro de Economía nacional frente a este último tramo del proceso de reestructuración que encara la Provincia?
P.L.: El ministro Guzmán siempre ha manifestado públicamente -lo mismo que en lo conversado cada vez que tuvimos oportunidad- la necesidad de que las reestructuraciones provinciales en general y la de la Provincia de Buenos Aires en particular tienen que darse en un marco de sostenibilidad. Y acá hay un punto que es muy interesante, que es que estos bonistas son los mismos que fueron bonistas de la Nación en el proceso de reestructuración y le han dado un alivio importante al Gobierno nacional como todos sabemos, y son los mismos que ahora niegan un alivio a la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido el ministro Guzmán siempre ha apoyado que la Provincia busque un acuerdo que sea sostenible tanto fiscalmente para la Provincia como macroeconómicamente para el país. Esto que marco: comprometer 2 mil millones de dólares para el pago de deuda en los próximos cuatro años es un número que para la Provincia de Buenos Aires implica una presión enorme en términos fiscales y nos implicaría dejar de hacer un montón de cosas, pero también es un número muy considerable para Nación en términos de reservas internacionales.
P.: El mes que viene se cumple un año de la presentación oficial de la oferta a los tenedores. ¿Qué impacto tendría en la Provincia, tanto en el ámbito público como privado, de un escenario de no retorno en las negociaciones y de puja en los tribunales internacionales? Y en el otro extremo, ¿podría ser menos gravoso para la Provincia litigar que no litigar, respecto de la liberación de pagos en los próximos años?
P.L.: Nosotros siempre vamos a continuar tratando de buscar una solución consensuada a este proceso. Creemos que ese es el camino. La Provincia tiene un montón de problemas, con un nivel de pobreza del 50%; de toda la pobreza del país, casi el 60% se concentra en la Provincia de Buenos Aires, y de toda la indigencia del país, casi el 65%. Con lo cual ahí están los problemas urgentes que estamos muy enfocados en abordar, como la situación productiva de la Provincia. Esto no quita que no sepamos que el problema de la deuda es un problema que hay que atender, pero que hay que buscar una solución que sea compatible con dar un alivio y una respuesta a la enorme cantidad de bonaerenses que no la están pasando bien, que están en situación de vulnerabilidad. Con lo cual nosotros estamos comprometidos en ese camino y por eso vamos a seguir trabajando en defensa de los intereses de la Provincia y de los bonaerenses.
P.: Hasta el momento 8 provincias lograron reestructurar su deuda, incluida Entre Ríos, que también fue demandada por los bonistas en enero. ¿Encuentra algún punto de encuentro con esas negociaciones, o en todo caso qué desafío adicional entraña Buenos Aires, dueña del mayor monto en juego, para no avanzar potencialmente en negociaciones en condiciones similares? El valor presente neto promedio en aquellas negociaciones provinciales quedó lejos del negociado por Guzmán a nivel nacional.
P.L.: Cada provincia tiene su propia realidad, su propia situación tanto fiscal como social. En ese sentido puedo hablar de la Provincia de Buenos Aires, que tiene un nivel de deuda muy grande, con vencimientos que llegaron a representar en estos últimos años cerca del 20% de los ingresos totales. Claramente es una situación extremadamente compleja. El nivel de deuda que tiene la Provincia también es muy alto, en moneda extranjera. Y eso se suma la situación social de la Provincia. Esa es la situación en la que nosotros estamos trabajando, en la que tenemos que operar. Cada provincia tiene su propia situación fiscal, su propia realidad social, su propio nivel de deuda y cuánto presiona ese nivel de deuda sobre las arcas provinciales. En nuestro caso sabemos que es insostenible la situación en la que se encontraba la deuda, y son insostenibles también las condiciones que nos están pidiendo los acreedores, que volverían a poner a la Provincia en una situación muy parecida a la que estamos hoy en muy poco tiempo. Eso es lo que queremos evitar, volver a estar en la misma situación en poco tiempo.
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