A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno modificó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital para favorecer a operadores "públicos o privados", en un sector en el cual la empresa estatal AR-SAT tenía "carácter preferencial" de las frecuencias y que no estaban siendo utilizadas.
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Gobierno le quita frecuencias a ARSAT y las licitará entre proveedores de telefonía móvil
A través de un DNU, el Gobierno modificó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital. Fuentes del Gobierno indicaron a ámbito.com que el DNU tiene dos objetivos: concursar y licitar frecuencias que no estaban sido utilizadas.
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Se trata de la Ley 27.078, que había sido sancionada en noviembre de 2015 y declaró de interés público el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las Telecomunicaciones y sus recursos asociados.
Por lo pronto, el decreto publicado deja sin efecto la reserva preferencial de 90 MHz para ARSAT que había sido establecida en 2015 por lo que permite a ENACOM disponer de esas frecuencias. Fuentes del Gobierno indicaron a ámbito.com que el DNU tiene dos objetivos: concursar y licitar frecuencias que no estaban siendo utilizadas.
“Ahora se van a poder ser asignadas a prestadores de internet y televisión por cable ya existentes para generar al menos un competidor más en cada zona del país”, apuntaron desde Casa Rosada.
Lo cierto es que desde el Gobierno buscan promover la competencia en el sector e incentivar así el ingreso de prestadores regionales con sus propias redes al cuádruple play para competir con Claro, Movistar y Personal, las tres empresas que actualmente prestan servicios móviles en todo el país. Por lo pronto, desde el Gobierno anticiparon que “en caso de que ARSAT necesite las frecuencias, se le asignaran directamente”.
Por lo pronto, el Gobierno estableció que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asignará en forma directa a ARSAT "las frecuencias que requiera para el cumplimiento de sus fines". De esta manera, el ENACOM "otorgará participación a prestadores de carácter regional o local, públicos o privados". Esa participación, según lo dispuesto, no podrá ser menor al 20% de las frecuencias a asignarse.
El Gobierno justificó la decisión de publicar este DNU en la “urgencia que impide aguardar al trámite ordinario de sanción de las leyes". En ese sentido, el texto añadió que "la experiencia indica que los procesos de adjudicación de este tipo de licencias o autorizaciones conllevan plazos que se prolongan en el tiempo".
Para el Gobierno, "esperar el trámite legislativo habitual irrogaría un importante retraso que obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida", por lo cual consideró indispensable recurrir a un DNU.




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