La Suipachense, en crisis: entre denuncias gremiales, despidos y caída de producción

La planta láctea de Suipacha enfrenta deudas millonarias, atrasos salariales y caída en el ingreso de leche. Entre despidos y conflicto gremial, su futuro es incierto.

La Suipachense tiene actualmente alredeor de 140 trabajadores. 

La crisis de La Suipachense escaló un nuevo peldaño. La planta láctea de Suipacha, controlada desde 2012 por el grupo venezolano Maralac, acumula según datos del BCRA un total de 516 cheques rechazados por más de $3.642 millones. A la asfixia financiera se suman salarios impagos, deudas con proveedores y cortes en la recepción de leche, lo que llevó a una drástica caída de la producción. En paralelo, la decisión de enviar nueve telegramas de despido a personal administrativo detonó una marcha multitudinaria en la localidad, donde vecinos, empleados y referentes políticos se movilizaron en defensa de la fuente de trabajo.

Producción interrumpida y salida de los tamberos

En su época de mayor expansión, La Suipachense llegó a procesar hasta 250.000 litros diarios de leche. Ese volumen se redujo primero a 180.000 litros y en las últimas semanas apenas rondaba los 40.000 litros diarios. Hoy, según fuentes gremiales, es muy poca la materia prima que ingresa y de continuar la producción se paralizaría completamente en breve. De los 180 productores tamberos que abastecían a la planta, ninguno continúa entregando por temor a nuevos impagos.

El desequilibrio financiero es claro: la empresa necesitaría alrededor de $3.000 millones mensuales para operar con normalidad, pero apenas recauda unos $500 millones, lo que derivó en cortes de insumos, suspensión de cuentas corrientes y pérdida de confianza en la cadena de pagos.

Gremio vs. empresa: relatos enfrentados

El gremio ATILRA asegura que la compañía paga salarios a cuentagotas, que no hay conducción efectiva de los dueños y que los trabajadores se vieron forzados a intervenir en la operatoria básica para garantizar haberes e insumos. “Los empleados cuando no se les paga tienen derecho a no trabajar”, remarcaron desde la organización sindical.

Desde la empresa, en cambio, sostienen que la conducción está vigente y que no existe acefalía. Reconocen un escenario de “estrés financiero” por la caída del precio de la leche, el aumento de costos y las tasas de interés más altas, pero niegan abandono. Aseguran que ya cancelaron gran parte de los haberes adeudados y que la crisis se agravó por lo que calificaron como “acciones violentas” del gremio, incluyendo amenazas y la toma temporal de la administración. En ese marco, confirmaron el nombramiento de Pascual Bensadón como nuevo director general, con el objetivo de reordenar la gestión y retomar el vínculo con proveedores y clientes.

La firma acumula según datos del BCRA un total de 516 cheques rechazados por más de $3.642 millones.

Maralac, también detrás de ARSA

El caso de La Suipachense no es aislado. El mismo grupo venezolano también gerencia a ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), productora de postres y yogures SanCor. Allí, las plantas de Monte Cristo (Córdoba) y Arenaza (Buenos Aires) permanecen paralizadas desde mayo, con un pasivo superior a $49.700 millones y denuncias de vaciamiento. La Justicia dictó incluso una cautelar para frenar la salida de maquinaria. El mayor conflicto que atraviesa esta empresa es que está bajo el paraguas del Grupo Vicentin y también está en concurso de acreedores. En este marco, según explican los ex empleados, la láctea va camino a la liquidación porque no hay noticias de reactivación ni de inyección de capital para sacarla a flote.

Lo cierto es que la crisis en ambas compañías refuerza la desconfianza de tamberos y proveedores, que ven comprometida la continuidad de dos actores clave del sector bajo la gestión de Maralac.

Una comunidad en vilo

En este marco, En Suipacha, de apenas 12.000 habitantes, el futuro de la planta se sigue con alarma. La láctea es uno de los principales motores económicos y su eventual cierre implicaría un golpe social y laboral profundo. El gremio reclama la intervención del Ministerio de Trabajo para abrir una instancia de conciliación, mientras que la empresa insiste en que busca restablecer la normalidad. Lo cierto es que, con cheques rebotados, deuda creciente y con ingreso mínimo de materia prima, el margen de tiempo para encontrar una salida es cada vez más corto.