Total se quedará en Myanmar pese al pedido de ONG

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La petrolera francesa alegó el temor de que la dictadura persiga a sus empleados en caso de dejar el país. Se comprometió a financiar a grupos prodemocracia.

El grupo petrolero francés Total anunció este domingo que permanecerá en Myanmar, pero se comprometió a financiar a los grupos de derechos humanos en el país, donde la represión contra los manifestantes prodemocracia tras el golpe de Estado militar causó cientos de muertos.

Las fuerzas de seguridad mataron a más de 550 civiles, entre ellos mujeres y niños, desde el golpe de Estado del 1 de febrero que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).

Podría haber muchas más víctimas dado que unas 2.700 personas fueron detenidas. Muchas, sin acceso a familiares ni a un abogado, están desaparecidas.

Frente al constante deterioro de la situación, las ONG internacionales y locales y algunos políticos en Francia pidieron a Total, presente en Myanmar desde 1992, que abandone el país.

La compañía mantendrá su producción de gas que "suministra electricidad a una población numerosa en Rangún", la capital económica, informó el domingo el director general, Patrick Pouyanné.

Total tampoco quiere exponer a sus empleados al riesgo de "trabajos forzados" si se marcha.

El grupo pagó unos 230 millones de dólares a las autoridades birmanas en 2019 y unos 176 millones en 2020, en concepto de impuestos y "derechos de producción".

Bloquear los pagos "expondría a los altos cargos de nuestra filial al riesgo de ser arrestados y encarcelados", afirma Pouyanné en un artículo publicado en el semanario francés Le Journal du dimanche.

Total se comprometió a entregar a las ONG de derechos humanos la misma cantidad que paga al Estado birmano.

Pese a la represión sangrienta de la junta, la movilización prodemocracia continúa, con decenas de miles de trabajadores en huelga y sectores enteros de la economía de Myanmar paralizados.

Los generales también estrechan el cerco judicial sobre Aung San Suu Kyi, acusada de corrupción y de haber violado una ley sobre secretos de Estado que data de la época colonial.

Si la declaran culpable, la exdirigente de 75 años, detenida en un lugar secreto pero "bien de salud", según sus abogados, se expone a ser apartada de la vida política y a largos años de prisión.

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