La crisis en Bioceres S.A., la firma local que pidió su propia quiebra y forma parte del entramado corporativo del grupo biotecnológico, entró en una etapa de confrontación abierta entre bloques internos. La actual conducción, alineada con el accionista dominante Juan Sartori, difundió un comunicado en el que justifica la decisión concursal y atribuye el deterioro patrimonial a la administración encabezada hasta el año pasado por Federico Trucco, lo que profundizó la disputa con fundadores y exdirectivos.
Quiebra, acusaciones y poder: estalla la pelea dentro del grupo Bioceres
La conducción alineada al empresario Juan Sartori apuntó contra el management previo y reavivó el frente judicial. Interna caliente dentro del grupo biotecnológico más importante de Argentina.
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El bloque hoy dominante sostiene que la quiebra fue una consecuencia inevitable del deterioro financiero previo.
Según el documento, la solicitud judicial “no fue una opción estratégica sino una medida necesaria para encauzar la situación dentro del marco legal vigente”, luego de que los estados financieros al 30 de junio de 2025 exhibieran pérdidas por unos $157.000 millones y patrimonio neto negativo cercano a $156.500 millones. La empresa sostuvo además que el informe del auditor externo Price Waterhouse Coopers incluyó una abstención de opinión y alertó sobre incertidumbre respecto de la continuidad operativa.
Choque de versiones y frente judicial
El posicionamiento corporativo aparece como respuesta directa al relato que impulsa el bloque fundador, que desde la última asamblea viene denunciando una supuesta maniobra de presión societaria por parte del nuevo control. Esas fuentes interpretan que las votaciones recientes buscaron avanzar contra exdirectores y condicionar la medida cautelar que suspendió decisiones adoptadas contra Trucco en diciembre.
Ese episodio se originó cuando una asamblea desaprobó la gestión del ex CEO y del exdirector Manuel Sobrado y resolvió evaluar una acción social de responsabilidad, mecanismo legal que habilita reclamos patrimoniales contra administradores si se comprueba daño económico. Un día después de aquella resolución se inició el proceso de quiebra voluntaria, movimiento que modificó el esquema de negociación con acreedores y trasladó el conflicto también al plano judicial.
El comunicado actual redobla la apuesta y afirma que durante la gestión anterior se concentraron decisiones financieras críticas (emisión de pagarés bursátiles, endeudamiento de corto plazo, otorgamiento de garantías y operaciones accionariales) bajo autoridad ejecutiva directa. También sostiene que la simultaneidad de funciones del entonces CEO en la estructura local y en Bioceres Crop Solutions amplificó el impacto patrimonial de esas decisiones, especialmente cuando se perdió el control sobre esa compañía, lo que, según la versión, implicó la pérdida de activos netos estimados en u$s295 millones.
El nuevo control y la pelea por los activos
Detrás del viraje estratégico aparece el empresario Juan Sartori, quien consolidó influencia accionaria a través de sociedades vinculadas y cuyo esquema corporativo tiene como cabecera a Moolec Science. Desde ese recambio, el equilibrio interno del grupo cambió y la relación con el management histórico se volvió abiertamente confrontativa.
En el mercado se interpreta que el conflicto excede la sociedad concursada y se concentra en el control indirecto de los activos estratégicos. Entre ellos sobresale la propia compañía listada en Nasdaq y también Rizobacter, considerada una pieza central del negocio biológico agrícola. En estructuras multinivel, dominar la sociedad madre implica capacidad de incidencia sobre todo el holding aun sin adquirir cada subsidiaria en forma directa, lo que explica la intensidad de la disputa.
Mientras el bloque hoy dominante sostiene que la quiebra fue una consecuencia inevitable del deterioro financiero previo, el sector fundador insiste en que existían alternativas de reestructuración y que las medidas recientes responden a una estrategia de presión para redefinir el poder interno. Así, el caso combina tres planos simultáneos: responsabilidades por el default, litigios societarios en curso y la puja por el control de activos tecnológicos clave.
Sin definiciones judiciales ni acuerdo accionario a la vista, la confrontación quedó abierta y promete nuevos capítulos en una saga que ya dejó de ser solo financiera para transformarse en una batalla integral por el comando del grupo biotecnológico.





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