A partir de la sanción del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), pareciera que cualquier motorización de la economía precisa de un régimen que la estimule.
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Una nueva iniciativa, presentada en la Cámara de Senadores, propone estimular mediante beneficios impositivos y aduaneros la construcción, mejora, conservación y explotación de rutas nacionales que registran niveles medios o bajos de tránsito, buscando la integración territorial.
La iniciativa propicia un régimen que, a través de beneficios fiscales, atraiga la participación de la inversión privada en la infraestructura vial
A partir de la sanción del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), pareciera que cualquier motorización de la economía precisa de un régimen que la estimule.
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Así, nació el Régimen de Incentivos para las Medianas Inversiones (RIMI) y en el Congreso se encuentran en ciernes el denominado Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes (RIIR) y el Súper RIGI.
A ese conjunto de medidas promocionales vigentes y por venir, se le acaba de sumar una nueva iniciativa: el Régimen de Incentivo de la Infraestructura Vial Estratégica.
El proyecto de ley es impulsado por el senador rionegrino de Enzo Fullone (LLA) con el objetivo de fomentar la participación privada en la construcción, mejora, conservación y explotación de rutas nacionales que registran niveles medios o bajos de tránsito. Alcanza a los adjudicatarios de concesiones viales nacionales a partir de inversiones mínimas de 20 millones de dólares.
El modelo de referencia de la iniciativa es RIGI, adaptado al sector vial, porque la idea es llevar inversiones a corredores estratégicos cuya relevancia no depende del volumen de tránsito sino de su aporte a la integración territorial, la producción regional y la conectividad de poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos.
Desde ya que, para hacer atractivo al régimen, la iniciativa contempla beneficios impositivos y aduaneros, así como la estabilidad normativa para los concesionarios que desarrollen obras en corredores nacionales con aquel caudal de circulación.
A tales fines se propicia:
Más precisamente, la propuesta busca complementar el esquema de concesiones previsto en la Ley 17.520 y apunta especialmente a corredores que, por su escaso flujo vehicular, no resultan económicamente atrayentes para el sector privado, según da cuenta parlamentario.com.
En los fundamentos del proyecto se remarca que la red vial nacional contiene unos 40.338 kilómetros, de los cuales cerca de 25.000 no reúnen actualmente condiciones de rentabilidad para ser concesionados.
Como en todo proyecto de este tipo, se invita a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adherir al régimen, dictando normas que acompañen los incentivos a nivel local.