Memoria activa 2001 (Parte 1)

Opiniones

A días de que se cumplan 20 años del estallido económico y social que hizo temblar a la Argentina, Ámbito comienza una serie de notas para repasar la conmoción de la peor crisis en la historia del país.

La designación de Domingo Cavallo como ministro de economía con plenos poderes partió de una conceptualización tecnocrática de la política: se creyó que delegarle poder a un economista reputado con formación técnica y orientación neoliberal podía ser un camino de resolución de la crisis económica. Pero sucedió todo lo contrario: se profundizó el conflicto interno en la coalición, el gobierno se despolitizó, y se agotaron sus escasos recursos de credibilidad y legitimidad.

Esto cuestiona algunos supuestos de ciertas teorías de las élites tecnocráticas democráticas a partir de los noventa: la evolución de la crisis mostró que Cavallo dependía de una base de gobernabilidad suficiente para ser ministro de economía, y que su sola figura no podía resolver la debilidad del gobierno de la Alianza.

Los resultados de las elecciones de medio término de octubre (2001) significaron un duro golpe para el presidente De la Rúa y su ministro Domingo Cavallo.

Después de tanta anarquía, se fortalecía el justicialismo como opción firme para 2003. El gobierno trataba de revertir el acelerado deterioro de las variables, intentando un paquete de medidas que sería el séptimo desde 1999. No había consenso político para lograr apoyo e iniciar la recuperación de la confianza, en medio de la depresión económica sin antecedentes y un mundo conmovido por los atentados en los EE.UU. Cavallo intentaba tozudamente dentro del esquema de “déficit cero”, dada la terminante restricción de financiamiento que dejó a la Argentina “caer del mundo”.

No obstante el equipo económico había jugado fuerte para cumplir el equilibrio fiscal, mientras negociaba el canje de títulos de deuda pública a través de la obtención de garantías adicionales a las del préstamo del FMI, que alcanzaban u$s3.000 millones. En agosto y setiembre de 2001 logró el objetivo de equilibrar las cuentas, pero sin cumplir con compromisos contraídos (default de las transferencias a las provincias de la garantía de coparticipación del novísimo Pacto Fiscal).

La recaudación había caído estrepitosamente en agosto 2001, se derrumbó en setiembre y octubre, como producto de la caída de los indicadores de actividad económica en el tercer trimestre, con las variaciones negativas más bizarras de los últimos diez años, en medio de la incertidumbre política, desvanecimiento del crédito y ausencia de expectativas providenciales.

Todo esto en el marco de un contexto externo negativo, que derivó en menor crecimiento económico mundial, desalentado el flujo de capitales hacia los países emergentes, en medio de un deterioro en el precio de los commodities.

La pérdida de ingresos fiscales agudizó el enfrentamiento con los gobernadores provinciales, cuyas administraciones dejaron de percibir el monto mínimo de impuestos coparticipables de $1.364 millones mensuales garantizado en diciembre de 2000.

En la primera semana de octubre 2001 la Secretaría de Hacienda pudo girar a las provincias solo $11 millones sobre los $350 millones correspondientes. Para el cuarto trimestre 2001 debió recortar las autorizaciones de gasto de las partidas presupuestarias a solo 20% de los montos en las distintas reparticiones públicas. López Murphy había predicado que si se reducía el gasto público, bajaría el riesgo país, y así bajarían las tasas de interés. Un presunto éxito de esa estrategia llevaría años y el horno no estaba para bollos. El ministro no calculó bien el tiempo ni el costo social. Evidentemente no se puede vulnerar lo que dicen los manuales básicos en una situación recesiva, aplicando medidas restrictivas que podrían funcionar “a palos” en el largo plazo. La baja de 14% en la recaudación impositiva de setiembre se debía justamente al ajuste que provocaba un déficit extra de $ 530 millones, cifra superior al ahorro fiscal que se acumularía en dos meses con el inhumano recorte de 13% en el gasto primario ajustable. Cavallo y Patricia Bullrich recortaban sueldos estatales, jubilaciones y pensiones superiores a $ 500. El deterioro de ingresos explicó la inviabilidad de cumplir la meta de déficit cero aplicando un ajuste.

El Gobierno de De la Rúa consumió todo el déficit previsto en el acuerdo con el FMI en solo ocho meses de 2001. Cavallo no cumplió. Eso pasa cuando se arregla en cinco minutos (90 % de las veces con gobiernos pro mercados) y cuando se insiste con programas que detienen la actividad destruyendo la recaudación. La recaudación cae a una velocidad mayor que el gasto. Este contexto contradictorio del neoliberalismo en su versión tecnocrática, s agravó por la perseverante prominencia del riesgo-país, una nueva corrida de depósitos en las dos primeras semanas de octubre, el club de la devaluación trabajando tres turnos, y la exacerbación de la crisis cambiaria en Brasil. La gente marchando a Plaza de Mayo full time, hasta que el Gobierno advirtió que el déficit cero era impracticable tras el resultado de las legislativas, que dejó al Senado y Diputados en manos de la oposición. Todo lo contrario de lo que le acontece hoy al oficialismo, con mayoría en ambas Cámaras.

Sin embargo el mensaje de las urnas era similar: “Reestructuren la deuda externa o no paguen, pero apliquen estímulos al consumo”.

¿Qué intentaba Cavallo?

Una reestructuración voluntaria con el sistema financiero en etapas, reduciendo la carga estrafalaria de intereses y amortizaciones sobre las necesidades de financiamiento. Quería demostrarle a los organismos multilaterales de crédito que el Gobierno era capaz de reestructurar deuda interna (iba a perjudicar a los propios primero), mientras le ofrecía a ellos garantías adicionales para avanzar en un canje. El Banco Mundial y el BID admitieron su predisposición a otorgar u$s 5.000 millones, que se sumarían a los u$s 3.000 acordados por el FMI a sugerencia del gobierno de EE.UU., aunque toda esa asistencia se encontraba en una etapa muy preliminar de los sueños de Mingo.

El reperfilamiento de vencimientos de intereses y amortizaciones del sector público nacional por un monto de $2.600 millones de la reestructuración voluntaria de la deuda con tenedores doméstico aliviaba el esfuerzo fiscal necesario para cumplir la meta del déficit cero en 2001 y 2002. La mejora permitiría estimular la demanda agregada, en lugar de colocar todo el énfasis en los fracasados mecanismos para incentivar la economía del lado de la oferta mediante los costosos planes de competitividad. Continuara mañana.

Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani

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