7 de diciembre 2021 - 00:00

Memoria activa 2001 (Parte 13)

Las medidas que se anunciaron el 29 de mayo de 2000, mostraban a un De la Rúa decidido a mantener la ortodoxia económica. Pero aumentaba el cuestionamiento dentro de la Alianza, incluso en el propio partido radical, hacia la política económica, lo que iba a intensificar las protestas sociales contra el ajuste y las medidas durante las próximas semanas.

Fernando de la Rúa

Fernando de la Rúa

Las medidas que se anunciaron el 29 de mayo de 2000, que mostraban a un De la Rúa decidido a mantener la ortodoxia económica, pueden ser consideradas como el primer antecedente de la salida del vicepresidente Álvarez.

La CGT disidente realizó una protesta contra el paquete de medidas, que profundizó las divisiones dentro del oficialismo. Participaron de la misma los sindicatos del Frepaso, las organizaciones de derechos humanos, grupos de la Iglesia Católica y hasta sectores del PJ, que habían anunciado al ex gobernador de Buenos Aires y ex candidato presidencial Eduardo Duhalde su intención de concurrir.

Incluso figuras de la Alianza, como la diputada radical Elisa Carrió, participaron de la movilización opositora. Esta protesta no iba a modificar la decisión de De la Rúa de continuar buscando la salida a la recesión a través de la ortodoxia económica. Pero aumentaba el cuestionamiento dentro de la Alianza, incluso en el propio partido radical, hacia la política económica, lo que iba a intensificar las protestas sociales contra el ajuste y las medidas durante las próximas semanas.

La eficacia del nuevo ajuste dependía a su vez del aval de la Suprema Corte, ya que la reducción de salarios en el sector público podría ser judicializada; la última vez que se implementó ese tipo de recorte -lo hizo Cavallo en 1995, durante la crisis del Tequila- varios fallos judiciales lo rechazaron. La mayor parte de las nuevas medidas eran decisiones del Ejecutivo que no requerían aprobación del Congreso.

De la Rúa ya había sondeado a los miembros de la Suprema Corte y creía poseer el voto mayoritario de ellos para convalidar la rebaja salarial. Dentro del gobierno mostró tener más poder a línea que respaldaba la ortodoxia económica. Las tensiones que se habían registrado dentro del gobierno, entre los sectores que apoyaron el nuevo ajuste y quienes lo resistieron, mostraron que más tarde o más temprano, De la Rúa tendría que realizar un cambio en el gabinete para dar mayor consistencia al apoyo político hacia la gestión económica.

Este cambio implicaría la salida del jefe de Gabinete (Terragno) y su reemplazo por una figura más afín con el pensamiento económico de De la Rúa. Paralelamente, ello trajo como consecuencia una mayor influencia de los ministros economistas, partidarios de las medidas del 29 de mayo, como López Murphy, Rodríguez Giavarini, Llach. En cambio, la mayor disidencia se encontró en el “ala política”, integrada por los miembros del Frepaso y el alfonsinismo (representado por Alfonsín, Storani y Moreau).

Menguados los apoyos internos y ante la necesidad de respaldar la política ortodoxa, el Ejecutivo buscó alianzas en los gobernadores del PJ y Cavallo, al perder el apoyo de parte de un sector relevante de su propia coalición. El mantenimiento de la ortodoxia económica requeriría un cambio de sociedades políticas por parte de De la Rúa, y esto iba a profundizar las divisiones dentro de la Alianza.

El presidente se acercará más a los gobernadores del PJ de los grandes distritos (Ruckauf, De la Sota y Reutemann) y al ex ministro de Economía Cavallo que, además, había quedado tercero en la elección presidencial.

Las declaraciones del gobernador de Buenos Aires sobre la necesidad de una “tregua política” y los sondeos realizados para que De la Rúa incluyera a Cavallo en la comitiva que lo iba a acompañar en su próxima visita a los Estados Unidos fueron algunas señales al respecto. Ante todo, el nuevo ajuste demostró que frente a las dificultades y la demora en el crecimiento, el Presidente estaba convencido que la única alternativa era mantener, e incluso profundizar, el rumbo económico ortodoxo: se creía que al disminuir el riesgo de insolvencia fiscal intertemporal, bajarían el riesgo país y las tasas domésticas, y regresaría el crédito como dinamizador de la actividad.

Mientras tanto, se ratificaba la decisión de dar una segunda oportunidad a Machinea como ministro de Economía pese a su desgaste frente a los mercados y las críticas que recibía, inclusive dentro del gobierno y de parte de los ministros economistas. La visita que realizarían dos días después funcionarios del FMI y la reunión que tendría lugar ese mismo día, en la cual medio centenar de empresarios argentinos expresarían su apoyo a la política económica del gobierno, seguramente contribuiría a una respuesta inicial positiva por parte de los mercados.

El conjunto de medidas anunciadas el lunes 29 de mayo tuvo tres aspectos:

1) reducción y reasignación del gasto público y reorganización del Estado;

2) reformas institucionales;

3) movilización de inversiones. Fueron precisamente las expectativas de un anuncio ortodoxo, junto a la débil performance de los activos locales en los días previos, lo que generó un entorno propicio para la recuperación de los activos locales que tuvieron esa semana una performance superior al resto de los activos de los países emergentes.

Estos datos reflejan la importancia que el mercado asignó a los anuncios del día lunes 29 de mayo. Sin embargo, había una proporción de las medidas descontadas por el mercado dado que, si bien el anuncio de recorte de gastos se ubicó por debajo de las expectativas, las reformas institucionales impulsadas fueron una grata sorpresa. Sin embargo, puede que los impactos finales sobre la mejora de la confianza de los agentes económicos estuvieran sujetos a la definitiva concreción de dichas reformas. En el corto plazo, era probable que ese paquete de medidas sirviera para frenar el deterioro relativo que los activos domésticos registraron durante esas últimas semanas y que sólo en la medida en que se observara una evolución positiva de las reformas institucionales anunciadas pudiera registrarse una mejora sustancial de los indicadores de riesgo.

El conjunto de medidas resultaron, pero los anuncios de reformas institucionales estaban sujetos a obstáculos de índole política. Es decir, que existían más certezas con respecto a los anuncios que quedaron por debajo de lo esperado, mientras que muchas de las medidas más relevantes de reformas de mediano y largo plazo continuaron sujetas a las contingencias de las negociaciones políticas. En particular, el Nuevo Acuerdo con las Provincias y el Nuevo Régimen de Coparticipación Federal.

Debe resaltarse que a pesar de la audacia de ciertos anuncios, como por ejemplo el recorte de los sueldos públicos por encima de $ 1.000, el monto neto del recorte desilusionó a muchos economistas. No solamente porque según estimaciones oficiales alcanzaría de allí a fin de año apenas $ 538 millones y era insuficiente para cerrar la brecha con las metas fiscales, sino además porque la implementación de estos recortes dependía en gran medida de la decisión final de la Corte Suprema.

En este sentido cabe resaltar que de los $ 538 millones de recorte del gasto de allí a fin de año, $ 499 millones pertenecían a conceptos de recorte de salarios ($344 millones), incompatibilidad de haberes ($15 millones) y reducción de las llamadas “jubilaciones de privilegio” ($140 millones), medidas cuyo impacto fiscal efectivo se encontraba condicionado a la aprobación de la Justicia. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, se especulaba con que la Corte Suprema avalará las medidas.

Pero más allá de la incertidumbre judicial respecto a los recortes del gasto, se podía reconocer que tanto el análisis de la situación fiscal, como también la orientación de las medidas tomadas por el gobierno eran de impulso reformista reflejado en el anuncio de desregulación al sistema de obras sociales y la profundización de aspectos pendientes del compromiso federal. En toda esta dinámica, a su vez, se puso de manifiesto que la Vicepresidencia (Álvarez) carecía de una red afín de élites tecnocráticas que pudiese gravitar en el clima decisorio.

El conjunto de ministros y funcionarios economistas, alineados con el gobierno, acompañó activamente las medidas (López Murphy, Pou, Santibáñez-Chicago Boys-, Llach, Rodríguez Giavarini y, otros que ya despuntaban para el futuro). Y eso se sostenía también en la comunidad epistémica de los economistas privados más conocidos del “elenco estable”, en los organismos financieros internacionales que avalaban las decisiones presidenciales, y en los planteles técnicos de la totalidad de las agencias gubernamentales que tenían relación con la política económica. Aunque Álvarez intentó, a partir de la creación de la Secretaría de Modernización del Estado ese mismo mes de mayo, que quedó a cargo de Marcos Makón –quien reportaba en forma directa a la vicepresidencia- contar con su propia red tecnocrática, quedó claro que el vicepresidente no tenía capacidad para elevar una voz alternativa en el seno del gobierno. Y a partir de ese momento, la estrella de Álvarez entró en un declive hasta su final.

Continuará mañana.

(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani

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