"Mochila Argentina": el problema no es la indemnización

Opiniones

La realidad laboral en la argentina es que una empresa que emprende y arranca un negocio, si tiene la intención de emplear un trabajador, debe afrontar una presión tributaria insostenible y de las más altas alícuotas de Latinoamérica.

El empresario textil argentino Teddy Karagozian, confeccionó elaboró un nuevo sistema para el pago de indemnizaciones laborales al que denominó “mochila argentina” el cual, según sus estimaciones, podría traducirse en un aumento del empleo formal y un crecimiento de la economía.

Este sistema se asemeja al aplicado en Austria, de allí el nombre elegido. La diferencia principal con el sistema indemnizatorio actual vigente en nuestro país es que los trabajadores despedidos cobrarían mes a mes una indemnización hasta agotar los meses equivalentes a sus años de antigüedad, pero desde un Seguro de Garantía de Indemnización que pagarán las empresas sobre su remuneración mensual. Dicho seguro, sería administrado por la ANSES, la Superintendencia de Seguros y un organismo de contralor que garantice la indemnización a los empleados que pierden su trabajo.

Una vez alcanzados los meses que correspondan a los años trabajados se cancelaría el pago. El monto del seguro sería de 1% más el 8,33% dividido los años de la antigüedad promedio de la empresa con un mínimo de 2% total, como forma de premiar la relación duradera del empleo.

Esta idea no resulta original. El ex ministro de la Producción y Trabajo, Jorge Triaca, intentó implementar un modelo similar con un Fondo de Garantía asimilable al Fondo de Cese que reciben los empleados de la construcción.

Lamentablemente, la clase política no encuentra una forma adecuada para proyectar un incremento del empleo genuino, debido a que es necesario implementar una política de empleo sólida para reducir el índice de litigiosidad.

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La aplicación del sistema “Mochila Argentina” es completamente inconstitucional y significa desconocer el orden público laboral.

La modernización laboral necesaria debe enfocarse en el trabajo del futuro, centrarse en primer lugar en la actualización de la duración de la jornada laboral, política resonante en el resto del mundo conocida como 4x3, a través de una reducción de los días laborables, los trabajadores deben prestar tareas cuatro días de la semana y los tres restantes son de descanso, circunstancia que permitiría conjugar mejor el ámbito privado y laboral y garantizar mayor eficacia y un mejor desarrollo de los empleados. En segundo lugar, es necesaria una regulación profunda y un reconocimiento a la economía de plataformas, la cual día tras día destrona la economía clásica.

Ahora bien, la nueva regulación debe implementarse sin avasallar derechos consagrados en la Constitución Nacional y las leyes laborales. La indemnización por despido no sólo tiene un encuadre de ley a través de la 20.744, sino que está reconocida en la Constitución Nacional, que garantiza la protección frente a un despido arbitrario.

El proyecto “Mochila argentina” degrada los derechos de los trabajadores. No los protege frente al despido arbitrario, sino que los coloca en una situación de desamparo total, dependiendo de los caprichos y la voluntad unilateral del empleador.

La indemnización regulada por el art. 245 LCT, tiene una finalidad doble, por un lado reparar los daños ocasionados por el despido sin causa, y por el otro, castigar o desalentar la conducta disvaliosa y rupturista de los empleadores que despiden en forma arbitraria.

El Derecho del Trabajo, históricamente ha sido creado para eliminar jurídicamente la desigualdad existente en las relaciones laborales, que en definitiva son relaciones de poder, encontrándose el empleador en una posición dominante frente a los trabajadores, que en general ponen a disposición su fuerza de trabajo a cambio de un salario esencial para su subsistencia y la de su grupo familiar.

Si al empleador nada le costara despedir, porque la solución a la indemnización la brinda el fondo de garantía, la desigualdad negocial de los trabajadores se nulifica.

La indemnización por despido es un derecho insoslayable del sistema laboral de carácter constitucional y funciona como protección a los trabajadores ante el despido arbitrario. Para poder implementar la reforma propuesta, debemos reformar la Constitución Nacional.

El sistema “mochila argentina” importa un avasallamiento total a un sistema no hacia un derecho. El despido injustificado se traduce en un menoscabo patrimonial que sufre una persona a la que se la priva de su fuente laboral.

La fuente de trabajo en la realidad que vivimos se torna en el bien más preciado de trabajadores y trabajadoras. Una reparación tarifada en base a un sacrificio, un compromiso una dedicación, que un trabajador puso a disposición su fuerza física e intelectual a nombre de otro, no puede devaluarse a un mínimo porcentaje decidido a capricho de un empresario.

El ataque sistema indemnizatorio no puedo alterar el espíritu del Orden Público Laboral. La realidad es que el problema no es el sistema, sino la economía. Las leyes laborales deben ser actualizadas para adaptarse a las nuevas modalidades y formas de trabajo, sin embargo, la protección brindada por dichas normas a los trabajadores no puede negociarse.

Lo que debe construirse es un plan económico y tributario que alivie de la presión fiscal titánica imperante a los generadores de empleo. El 80% de la economía pasa por las pymes. Debemos incentivar y darle seguridad jurídica y fiscal a los empleadores, emprendedores y generadores de puestos de trabajo.

La normativa actual, a través del art. 92 bis de la ley de contrato de trabajo, ya admite despedir sin causa en un período de tres meses, lo que normalmente se conoce como período de prueba. En caso de inconformidad con el desempeño de los trabajadores, los empleadores tienen 75 días (15 de preaviso) para tomar un trabajador definitivamente o decidir la finalización del contrato sin resarcimiento alguno.

Cualquier empresario tiene y debe tener la aptitud para conocer si un dependiente contratado es funcional a los intereses de su empresa en dicho plazo. De lo contrario, el ordenamiento legal laboral argentino ya cuenta con una herramienta resolutoria de la relación de dependencia.

El objetivo de las próximas políticas económicas y laborales debe ser alinear la relación dispar entre un trabajadores y empleadores, sin avasallar derechos conquistados.

Son otras las preocupaciones del empresariado argentino como ser, las pesadas cargas sociales y la asfixia de un Estado que no sabes ser pragmático a la hora de política tributarias, fiscales y laborales

El camino no es amoldando, disfrazando o eliminando instituciones que dan vida al Derecho del Trabajo, sino que, la senda es el alivio a las empresas y empleadores que son el motor de la economía argentina y las únicas generadoras del empleo genuino.

Abogado Especialista en Derecho del Trabajo. Presidente de APREEA

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