Memoria activa 2001 (Parte 9)

El presidente del cacerolazo expresaba: "un complot decidió terminar con mi gobierno". Un diputado electo en 2021 no acusa recibo de haber sido ministro de Fernando de la Rúa. Destacados, destacadas y asesores de la Alianza UCR-Frepaso como Dujovne -que también estuvo con Menem-, nunca mencionan su anteayer.

Una economía con una tasa de interés de 9%, creciendo al 4% anual, necesitaba generar un superávit primario de 3 puntos porcentuales para mantener constante la deuda en términos de PBI. Las exportaciones representaban-a fin del año 2001-menos de 10% del Producto. Desde el segundo trimestre de 1998, comenzamos a caer a velocidades trimestrales anualizadas en el orden de 8 a 9 por ciento, luego de venir creciendo a 6 o 7 por ciento anual en años anteriores, apalancados en una deuda crecientemente peligrosa. Durante 1999, cayó 3,5% el PBI, entregándose un gobierno con déficit fiscal y tasas de interés altas. Eventualmente existían fuertes indicios de por el riesgo de insolvencia fiscal ínter temporal. El ministro de la Convertibilidad afirmó en 2002 en Estados Unidos: “no tengo nada de qué arrepentirme”. El presidente de los noventa dijo: “mi gobierno fue el más exitoso”. El presidente del cacerolazo expresaba: “un complot decidió terminar con mi gobierno”. Un diputado electo en 2021 no acusa recibo de haber sido ministro de Fernando de la Rúa. Destacados, destacadas y asesores de la Alianza UCR-Frepaso como Dujovne -que también estuvo con Menem-, nunca mencionan su anteayer. Una universidad privada que tuvo distinguidas autoridades y profesores Ministros de Economía, Viceministros, Presidentes del BCRA, Secretarios, Sub Secretarios, así como otros funcionarios en el área económica y financiera cada tanto comentan desde la platea con imperturbable impudor. La presunción de independencia ideológica y política de los personajes, apelando a la deshistorización, les permitió auxiliar el programa neoliberal (1989-2001).

En ese sentido, encontramos relevante el trabajo de Jairo Estrada Álvarez (2006) sobre los procesos de reforma estructural y construcción del orden neoliberal. El autor se centra en el plan reformista económico, con énfasis en su dimensión normativa, y se detiene también en el rol de los tecnócratas políticos, que han sido los encargados de lograr un equilibrio entre el sistema que se buscaba implantar y la “formación y adaptación” de las normas necesarias para ello. En ese sentido, la búsqueda de constitucionalizar el modelo económico neoliberal, de incorporar al ordenamiento jurídico los lineamientos político-económicos del proyecto neoliberal (Estrada Álvarez, 2006, pág. 247) se han presentado desde su origen; posee un “fuerte carácter político ideológico” que no sólo guía particularmente la economía, sino también configura de una forma específica “la relación entre la economía y el ordenamiento jurídico”, lo que contribuye a su vez a “desarrollar sus lineamientos” y “a dotar las definiciones políticas con el don de la legalidad”. Para que ello ocurra, conlleva también “cambios en el balance de poder y una nueva configuración del bloque dominante” (Estrada Álvarez, 2006, pág. 249), que se han dado tanto a nivel internacional, como local.

La fábula virtual de “argenzuela”, expresa la verdadera ilusión oculta de “argenlombia”. El caso colombiano, donde estos nuevos órdenes no solo fueron impuestos desde fuera, sino también desde dentro y probablemente sea por ello que su implementación no ha sido lineal. El autor identifica cinco momentos particulares. El primero, entre 1990 y 1991, fue el diseño e implementación de las “reformas estructurales” que desregularon la economía, sentaron los principales lineamientos de la política de apertura económica y “modernización” del Estado (Estrada Álvarez, 2006, pág. 254), la que fue impuesta como una necesidad gracias al argumento de economistas y dirigentes políticos, de una “élite intelectual y tecnocrática” formada en la ortodoxia neoclásica y monetarista, que sirvió “de soporte para el apalancamiento transnacional de amplios sectores de las élites dominantes” (Estrada Álvarez, 2006, pág. 255); el segundo, en 1991,fue lo que el autor denomina “formulación de la Constitución económica” (Estrada Álvarez, 2006, pág. 251), que expresa una puja de fuerzas en la cual “la transformación neoliberal” se impuso relativamente sobre “la constitucionalización del orden de un Estado social de derecho” (Estrada Álvarez, 2006, pág. 258); el tercer momento, entre 1992 y 1998, fue el de “profundización de la desregulación económica mediante el diseño e implantación de reformas legales según mandato constitucional” (Estrada Álvarez, 2006, pág. 251), por la cual se continuó el proceso de liberalización de la economía, que se extendió a otros campos y creó nuevos mercados por parte del Estado, expandiendo una serie de normas- “orgánicas y ordinarias”- con las cuales se regularán materias de la gestión económica (planeación, presupuesto, transferencias, banca central, entre otras) (Estrada Álvarez, 2006, pág. 265).

El cuarto momento, entre 1994 y 1999, fue el ordenamiento para la gestión y el reforzamiento de la desregulación económica y la disciplina fiscal (Estrada Álvarez, 2006, pág. 251), debido a la presencia de las crisis, la desaceleración económica, junto a los problemas de las finanzas del Estado que se agravaron y adquirieron los rasgos de un déficit fiscal en ascenso, en un contexto de aumento de la desocupación y de la pobreza, y no-crecimiento económico (Estrada Álvarez, 2006, pág. 266), que fueron utilizados para justificar un reforzamiento del reformismo económico; y el quinto, desde fines de la década de 1990 hasta la fecha en que publica el trabajo, es el de la “supranacionalización” del nuevo orden jurídico-económico a partir de la negociación de tratados de libre comercio, el “punto culminante” del orden neoliberal (Estrada Álvarez, 2006, pág. 251), que justifica la irreversibilidad de los procesos de reforma económica (Estrada Álvarez, 2006, pág. 273). 55

Lo que significaría el cierre del ciclo reformista impulsadas por el Consenso de Washington para convertirse en la expresión institucionalizada, el “ordenamiento positivo” de las nuevas configuraciones del sistema de poder transnacional. Así, los Tratados de Libre Comercio firmados por Colombia con Estados Unidos y otros países occidentales, aunque formalmente hayan sido originados por un proceso de negociación entre estados, fue en realidad un acuerdo entre “Estados y empresas” (Estrada Álvarez, 2006, pág. 274), expresivo de un proyecto de construcción de un orden capitalista privado que regula relaciones entre privados -en especial, empresas multinacionales- revestido de regulación y dotado de mecanismos de protección.

Estos cinco momentos dan cuenta de un proceso ordoliberal. El que, aunque constituido en un espacio nacional estatal según las reglas de la democracia liberal, es expresión de un proyecto constitucional que Estrada Álvarez define como constitución política del mercado total: cuando se armonizan los ordenamientos jurídicos nacionales con los globales, termina el derecho nacional por el devenir de este derecho supranacional o transnacional (Estrada Álvarez, 2006, pág. 248). Y eso es esencialmente autoritario, por más se haya originado en un procedimiento democrático y esté revestido en él: el derecho nacional ahora es inocuo, quedó supeditado a un orden que ya no controla. En el mejor de los casos, quedó relegado a poder reglamentar la norma general, pero sin posibilidad de reformarla o transformarla sustancialmente (Estrada Álvarez, 2006, pág. 276).

De esta forma, el autor explica el propio derrotero de las elites económicas y políticas, que terminan identificadas ideológicamente con los organismos transnacionales de gobierno de la economía. Nace así la gestión consensuada de los tecnócratas, que organiza a la sociedad y define nuevas relaciones de lo público y lo privado, generando “instancias de transformación del Estado y creación de nuevos mercados, promoviendo la competencia” (Estrada Álvarez, 2006, pág. 252). De esta forma, el Tratado de Libre Comercio no solo significa el debilitamiento de la política nacional y de los movimientos sociales, y un “vaciamiento” de la soberanía del estado colombiano, sino también la transformación de sus funciones, convertidas en administración local, vigilancia, control, gestión judicial y monopolio físico de la fuerza. (Estrada Álvarez, 2006, pág. 278). El autor, de hecho, concluye relacionando este proceso ordoliberal con el problema de la violencia política y la necesidad del Estado de resolver el problema de la insurgencia armada, de derrotarla militarmente, para consolidar plenamente el proyecto político neoliberal. Continuará mañana.

(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani