La defensa de la vida y el aborto

«Si no queréis o no podéis alimentar a un niño, dádmelo; no rechazaré a ninguno».
Teresa de Calcuta

En un reciente viaje a Brasil, como en su anterior visita a España, donde participó del Encuentro Mundial de las Familias, el papa Benedicto XVI insistió con vehemencia en la posición de la Iglesia Católica de defensa de la vida desde la concepción.

Mientras esto ocurre, en la Argentina se sigue meneando un proyecto de reforma del Código Penal elaborado por una comisión creada por el Ministerio de Justicia que, entre otros dislates, promueve la despenalización del aborto.

Desde el gobierno y el oficialismo se impulsan iniciativas en ese sentido, argumentando para justificar el aborto algunas circunstancias dramáticas. La reciente aprobación irrestricta del aborto en México muestra cómo funcionan estos procesos: primero se pide el aborto para algunos casos limitados; conseguido ese objetivo, las mismas fuerzas avanzan para volverlo ilimitado, sólo restringido en el tiempo (embarazos de más de cuatro meses, en el caso mexicano).

En mis visitas oficiales o privadas a la Santa Sede, siempre he realizado un voto expreso en defensa de la vida, que es el primero y fundamental de los derechos humanos. Por iniciativa de nuestro gobierno, la Argentina defendió inclaudicablemente ese principio en todos los foros internacionales. Incluso hemos decretado oficialmente el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer, iniciativa que fue acompañada luego por varios países latinoamericanos. No sólo hay para ello razones que cristianos, judíos e islámicos conocemos bien. También hay motivos biológicos que las personas y los políticos no creyentes deberían considerar por razones humanitarias.

La vida es un bien jurídicamente tutelado por nuestro texto constitucional como un derecho implícito no enumerado (artículo 33 de la Constitución Nacional) y un derecho explícito en la letra de tratados ratificados por la Argentina, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que luego de la reforma de 1994 tiene jerarquía constitucional. El derecho a la vida desde la concepción está también protegido por el Código Civil y por el Código Penal, que tipifica la interrupción voluntaria del embarazo como un delito.

Esencial

No es sólo una cuestión normativa. Desde la perspectiva de un mundo en cambio incesante, la defensa de la vida requiere el aumento de la población. Estimular el crecimiento demográfico es esencial para el Estado. Ningún cambio profundo es asimilado por una población en constante envejecimiento. Sólo puede hacerlo en una biológicamente renovada. La evolución histórica de la humanidad es contradictoria, con tasas de crecimiento poblacionales negativas o neutras. El cambio de mentalidad que el mundo exige requiere la defensa expresa de la vida. El mandato bíblico es «creced y multiplicaos». Las especies cumplen ciclos normales de crecimiento y extinción desde hace milenios. Nadie puede arrogarse el derecho de ejecutar una pretendida « selección natural» en la especie humana.

Numerosas voces señalan, con acierto, que hay cantidad de mujeres que no pueden alimentar y criar a sus hijos, no quieren hacerlo, o los han concebido en condiciones indeseadas. Pero plantear las cosas en este punto es una estrategia elusiva para el Estado, que sólo puede -y debe- hacer dos cosas: trazar programas educativos preventivos, orientados a impedir relaciones indeseadas que conducen a embarazos y ofrecer planes muy sólidos y eficaces de ayuda específica y contención para las mujeres embarazadas que creen ver en el aborto una salida a una situación traumática. No debe interrumpirse el embarazo en ningún momento y por ninguna circunstancia y ésa ha sido siempre y ha de ser la política del Estado argentino. El Estado debe prevenir. Y si aun así hay embarazos indeseados, tiene que ofrecer un abanico de alternativas, todas las cuales comiencen por el amor al niño por nacer, y no por su repulsa.

Es cierto que el gobierno despojó al vicario castrense de su designación y rango por contrariar a un ministro respecto del aborto y que alentó la destitución de ministros de la Corte Suprema alegando -en campañas de prensa- su posición cercana a la Iglesia como la defensa de la vida.

También es verdad que altos funcionarios gubernamentales se pronunciaron a favor del aborto. Pero sería un trágico error que el gobierno intentara con ese objetivo aprovechar un Congreso que le teme, provincias extorsionadas, las presiones que pretenden restringir la libertad de prensa y una Corte Suprema aparentemente predispuesta a tolerar el aborto. En virtud de su política y de su ideología, el gobierno hostiga a la Iglesia. En la Argentina, la Iglesia Católica es -junto a la prensa y las organizaciones no gubernamentales- la institución que más confianza merece en la opinión pública. Colabora en la lucha contra el hambre, la indigencia y la pérdida de la dignidad. Defiende la vida, la niñez, la nutrición, el crecimiento, la educación, la formación moral, la ética pública y privada. Acoge bajo su manto protectivo a quienes luchan por mejorar la situación social, las instituciones y la convivencia.