La democracia y la libertad económica

La dolorosa experiencia histórica del siglo XX revela que la democracia y la libertad económica son, inequívocamente, las dos columnas en las que se asientan todos los países exitosos. Los autores de la Revolución Americana -fuente de nuestro sistema constitucional y del que rige en el mundo desarrollado- habían creado una democracia fundada en la nítida distinción entre el gobierno y la sociedad, el libre mercado, el Estado de derecho y el pluralismo, garantizado por el equilibrio de «frenos y contrapesos», políticos y sociales.

La democracia americana se organizó, en la expresión de sus fundadores, como una «república comercial»: un sistema democráticocapitalista que, aplicado con coherencia y constancia, llevó a un insignificante grupo de colonias a convertirse en la inigualable superpotencia de nuestros días. Esto ocurrió en sólo 200 años. Pero aún antes, en no más de 100 años después de la independencia, Estados Unidos se sentaba ya en la mesa de los grandes del mundo.

Reconocimiento

La superioridad del sistema norteamericano fue inmediatamente advertida por nuestros «padres fundadores». Así se expresó en el pensamiento de figuras aun opuestas, como Manuel Dorrego, Facundo Quiroga, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, los convencionales constituyentes de 1853, Dalmacio Vélez Sarsfield y Carlos Pellegrini. La «idea fuerza» de la distinción entre Estado y sociedad está plasmada, fundamentalmente, en los artículos 14 (garantía de derechos individuales, sujetando su ejercicio a la reglamentación correspondiente) y 17 (garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada, es decir, del conjunto de derechos que, junto con los deberes, conforman el patrimonio personal) de la Constitución nacional y en los artículos 1197 (primado de la autonomía de la voluntad) y 953 (limitaciones del orden público) del Código Civil.

Cuando, como ocurrió ininterrumpidamente entre 1880 y 1930, los gobiernos respetaron aquellos principios, crecimos hasta equipararnos a los países altamente desarrollados. Luego, caímos en la tendencia masoquista de copiar a los perdedores en lugar de seguir el ejemplo de los ganadores. Nos convertimos entonces en un país subdesarrollado, con índices de pobreza, nivel cultural, inestabilidad política, inseguridad jurídica, propios, naturalmente, del subdesarrollo.

Perón había advertido que el intervencionismo estatal, una tendencia prevaleciente en la Argentina en la década del 30, era aceptable sólo como una fase provisoria, para ayudar al despegue de la Argentina de posguerra. Pero los gobiernos posteriores a 1955 -tanto civiles como militares- no sólo perseveraron en el estatismo, sino que lo intensificaron enormemente.

También profundizaron el fracaso argentino, hasta llegar a la crisis hiperinflacionaria de 1989.

Nosotros tratamos de revertir esta situación. Volvimos a nuestro sistema constitucional de libertad con un éxito extraordinario. Pero para que ese modelo echara raíces precisaba continuidad y mucho tiempo. Un gobierno incompetente produjo, en sólo dos años, una crisis espectacular, fundamentalmente de confianza. Habíamos dejado, en diciembre de 1999, 34.000 millones de dólares de reservas monetarias. En diciembre de 2001, éstas habían descendido a 8.000 millones.

La crisis social fue excusa para el golpismo, la manipulación electoral y la entronización de un gobierno dirigista y estatista. Así, más temprano que tarde, tendremos un nuevo estallido social.

La Fundación Heritage, un prestigioso centro académico estadounidense, elaboró un «ranking» anual de naciones, según un denominado «índice de libertad económica». Sus conclusiones son terminantes: al finalizar nuestro gobierno, la Argentina ocupaba el lugar número 17. Hoy rondan ese lugar países que suelen citarse como modelos, como Suiza, Canadá, Chile. Actualmente, nuestro puesto es el número 107, entre Honduras y Ecuador, bien lejos de Brasil (81), pero con fundadas esperanzas de alcanzar a Venezuela (152)...

Incumplidores

En poco tiempo arrasamos con el sistema de seguridad jurídica. Los jueces pueden ser removidos si sus sentencias no conforman al Poder Ejecutivo. El Estado argentino no respeta sus contratos y reestatiza las empresas privatizadas. Estafa a los inversionistas privados con un «default» provocado, mientras adelanta el pago de la totalidad de la deuda con el FMI. Con diferencia de días, el Congreso puede sancionar leyes contradictorias entre sí, si así lo quiere el Poder Ejecutivo. Destruye también el comercio exterior: el prestigio de la marca Argentina en carnes ahora se verá opacado por una nueva marca nacional: la de incumplidores, volubles y no confiables.

El tema de la carne no es el más grave en esta sucesión de actos irresponsables. Sin embargo, para la Argentina es, lamentablemente, un caso emblemático. Para la Corte Suprema de Justicia -aquella que era «adicta» a la Constitución-, las restricciones a la esfera de la libertad, constitucionalmente garantizada, eran sólo admisibles siempre que el medio utilizado fuese el más eficaz y menos restrictivo. Es obvio que el gobierno prefiere, cualquiera sea el costo, el show mediático a las medidas razonables y efectivas. Libertad económica y democracia van de la mano. Las dos están hoy amenazadas desde el mismo gobierno que tiene la obligación ineludible de garantizar su vigencia.