La Ley Fiscal no frena el despilfarro

El Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal (PLRF) que el gobierno ha enviado al Congreso es procíclico, no es cierto que tenga como objetivo el equilibrio fiscal y no pone ningún límite serio al endeudamiento provincial (mucho menos al nacional).

El artículo 10 dice que el crecimiento nominal del gasto primario consolidado de Nación más provincias no podrá superar el crecimiento nominal del PIB y si el PIB nominal cae, el gasto primario nominal no pude aumentar. O sea, y parafraseando el último trabajo de la Bersuit, «la prociclicidad al palo»: si la economía crece, el gasto público crece; y si entramos en recesión, la «ortodoxia» del PLRF es que puede permanecer constante. Y la tan famosa necesidad de disponer de «fondos anticíclicos» ha quedado bien guardada para el próximo discurso acerca de la «necesidad de contar con instrumentos disciplinadores del gasto fiscal».

Esto demuestra un desconocimiento total de lo que pasó en la última década. La convertibilidad no se cayó porque los marcianos conspiraron contra ella o por la privatización del sistema provisional, sino porque el gasto público, a pesar de que subió bastante en términos del PIB (4 puntos en 10 años), virtualmente voló en u$s 40.000 millones (+100%) siendo el dólar el verdadero numerario de la economía en aquellos tiempos y hoy también cuando el gobierno mantiene una especie de convertibilidad « vergonzante» de 3 pesos por dólar en vez de 1x1 a pesar del discurso de «la libre flotación cambiaria».

• Atraso cambiario

Ese aumento del gasto público, a pesar de la espectacular suba en la recaudación de impuestos que la recuperación económica traía, hizo que el déficit fiscal quedara en niveles muy altos (u$s 12.000 millones o 4% del PIB en promedio anual durante 10 años) que, al financiarse externamente ya sea por medio de las privatizaciones y por el aumento de la deuda externa, provocó un atraso cambiario mayor que el de Martínez de Hoz. Por eso todo terminó a fines de 2001 muchísimo peor que cuando se cayó la tablita cambiaria de diciembre de 1978.

Obviamente que si lo único que le importa al gobierno (como todo parece indicarlo) es el muy corto plazo, es cierto que no hay chances de que ocurra un disparate de semejante irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública como fue la convertibilidad, dado que no hay nadie en el mundo dispuesto a prestarnos dinero para financiar a los piqueteros K, pero la «idea» de sancionar leyes es que apunten a soluciones «sesudas» a problemas profundos y no mera burocracia para emitir mensajes que, como las palabras, «se los lleva el viento».

Otro artículo imperdible del PLRF es el que fija el objetivo de déficit cero para el consolidado del sector público. En él se dice que debe verificarse en todo momento el equilibrio en las cuentas públicas pero ¡excluyendo del gasto a todas las erogaciones financiadas con préstamos de organismos internacionales y la obra pública! Si hay 2 entidades bancarias en el mundo que deberían entrar en la quita de la deuda argentina son el Banco Mundial y el BID. Es cierto, como dice el presidente Kirchner, que en la última década han financiado cualquier cosa, sin ningún análisis riguroso de la capacidad de repago de los proyectos que apoyaban, pero no parece serio que después de dicho lo anterior el gobierno se dé vuelta y permita el absurdo de que si un crédito de estos dos organismos financia tareas de consultoría en la Argentina no sea gasto público (el FMI fue un pésimo auditor en los '90, pero al menos se limitó a ser prestamista de última instancia en la crisis de 2000/2001).

Durante el primer trimestre de 2004, la Argentina salió con la ridícula idea de pedirle al FMI que no se computara en las metas fiscales como gasto la obra pública. Trató de que Brasil acompañara esa demanda en un documento conjunto, iniciativa que no prosperó. Más tarde, el FMI en un documento de su staff dijo que a lo sumo podría evaluar la posibilidad de excluir, a la hora de determinar las metas de superávit fiscal, las inversiones de las empresas públicas que fueran manejadas con los mismos criterios de rentabilidad de las empresas privadas. Y finalmente vino el broche de oro. El FMI dijo en un comunicado que ni con las empresas públicas del gobierno brasilero (mucho menos con la Argentina, donde no hay empresas públicas -ENARSA todavía no existe-) estaba analizando, para el corto plazo, aplicar la «golden rule». Pero claro, como los argentinos somos el ombligo del mundo, si el FMI no nos permite excluir como gasto la obra pública, ¡nosotros lo hacemos de puro guapos nomás!

Respecto del límite al endeudamiento provincial que supuestamente impone el PLRF es importante hacer algo de breve historia contemporánea. En la última década, las provincias recibieron una transferencia promedio desde el fisco federal de u$s 15.000 millones por año (5,5% del PIB) con la que hoy ya financian 50% de su gasto público (que coincide con el total del gasto social que las provincias dicen que realizan, en gran parte «transferido» a ellas durante los '90). Además, también en la última década la recaudación propia creció al compás del PIB en una magnitud espectacular de 50% en dólares. Pero como el gasto público provincial creció en más de 100%, siguieron en déficit fiscal (como en los '80) aumentando su endeudamiento a tal punto que terminaron en default y no sólo eso, sino que también emitieron cuasi monedas.

Pero el «cuento» no termina ahí sino que después de la devaluación y el default, o sea, luego del desastre, el BCRA terminó rescatando con emisión monetaria las monedas provinciales y el grueso de sus deudas terminó nacionalizado al extremo de que hoy el gran acreedor de las provincias es el Estado nacional, que tiene 75% de sus pasivos totales por valor de u$s 24.000 millones. ¿Qué relevancia puede tener poner un límite al endeudamiento provincial con casi toda esa deuda con la nación a la que ya le han «sacado» la nacionalización de las cuasi monedas y la deuda provincial luego de un boom de recaudación como el de la última década? Obviamente, ninguna. Si el límite de 15% de los recursos corrientes netos de la coparticipación a municipios resulta mayor que el servicio de amortizaciones e intereses de la deuda provincial, se lo subirá todo lo necesario hasta que sea un número que no ponga trabas al endeudamiento provincial o se reestructurará la deuda con la Nación.

Finalmente, las provincias deben estar temblando de miedo con la penalidad del PLRF por los incumplimientos a tan «rudos» límites: que se publique en las páginas Web de los 3 niveles de gobierno. Sin palabras.